Jaime
La gobernadora Jenniffer González Colón anunció este jueves su veto al proyecto de ley que modificaba el impuesto al inventario, argumentando que la medida carece de consenso político y pone en riesgo la estabilidad financiera de los municipios.
El impuesto al inventario —un gravamen aplicado a los bienes almacenados por las empresas— constituye una de las principales fuentes de ingresos de los gobiernos municipales. El proyecto aprobado por la Legislatura proponía congelar el tributo durante tres años y eliminarlo después, sin definir un plan alternativo para compensar la pérdida de fondos.
González Colón explicó que “no puede apoyarse una medida que reduce ingresos sin garantizar alternativas viables”, y recordó que ya había advertido que el texto enfrentaba “un escenario difícil por cómo está redactado el proyecto”.
Los presidentes legislativos Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez Núñez, del Partido Nuevo Progresista (PNP), rechazaron la petición de los alcaldes de devolver la propuesta a la Cámara de Representantes. Ambos reiteraron que el tema estaba cerrado, lo que profundizó las divisiones dentro del propio partido de gobierno.
Por su parte, los alcaldes insistieron en que el veto era necesario ante la falta de consenso y la ausencia de un mecanismo para sustituir los ingresos que actualmente financian servicios municipales esenciales, como el mantenimiento de infraestructuras, la recogida de residuos o la seguridad local.
Mientras tanto, sectores empresariales y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados habían solicitado a la gobernadora firmar la ley y corregir posteriormente los errores técnicos. Sin embargo, González Colón descartó esa opción, señalando que “no se pueden enmendar deficiencias estructurales sobre la marcha”.
El veto mantiene en suspenso una de las reformas fiscales más debatidas de los últimos años y prolonga la tensión entre el Ejecutivo, la Legislatura y los municipios, en un contexto de
