Juan Lacomba
(España) Editor de la Iberofonía, es licenciado en Derecho y en Relaciones Laborales. Sindicalista y delegado electo desde 2012, actualmente vicepresidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sagunto, Valencia. Es además formador y técnico superior en Salvamento y Socorrismo.
Aporta un profundo conocimiento del ámbito laboral, la negociación colectiva y las relaciones laborales en la administración pública.
La familia de Javier Marañón, originario de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), y la de David Rodríguez, de Granada, quienes se encuentran detenidos en Guinea Ecuatorial desde principios de 2025, han solicitado al Gobierno de España que intervenga directamente para su liberación. Ambos están en prisión preventiva desde hace más de 14 meses, acusados de un supuesto caso de corrupción relacionado con la instalación de la Televisión Digital Terrestre (TDT), un delito del cual se han desvinculado. “Son trabajadores inocentes que están pagando por los actos de otros”, señaló Laura Marañón, hermana de Javier, quien anunció que presentará más de 45.000 firmas de apoyo recogidas a través de la plataforma Change.org/DavidyJavier.
El miércoles, las familias y amigos de los detenidos se concentrarán frente al Congreso de los Diputados para exigir una acción inmediata del Gobierno. Aarón Marañón, hermano de Javier, expresó que ya no quieren más mediación por parte de la embajada española, sino que exigen que el Gobierno español actúe de forma directa. “Ya no queremos condolencias, queremos que los saquen de allí”, agregó Laura, advirtiendo que tanto Javier como David corren el riesgo de muerte si no se actúa rápidamente.
Según los familiares, ambos detenidos han sido privados de libertad injustamente, sin haber tenido relación con los hechos investigados. “David y Javier son trabajadores que acudieron a una reunión sin tener cargos directivos ni relación con las decisiones empresariales”, explicó Laura en la petición lanzada en octubre de 2025. Además, los detenidos no han sido atendidos por médicos, no pueden hablar con sus abogados y no han recibido visitas familiares, lo que agrava aún más su situación.
En julio de 2025, las familias solicitaron apoyo al Parlamento Europeo, lo que resultó en una resolución aprobada por unanimidad para que las instituciones europeas actuaran a favor de su liberación. Sin embargo, hasta el momento, no se ha logrado ningún resultado. “No queremos que sigan dándoles la espalda a estos trabajadores españoles”, dijeron los familiares, que temen que si David y Javier no son liberados pronto de la prisión Black Beach en Guinea Ecuatorial, la situación pueda resultar fatal para ellos.
