Jaime Goig
(España) Presidente del Ateneo Iberófono Juan Latino, político, comunicador y escritor con amplia experiencia en medios (Onda Cero, El País…). Ha sido director de comunicación en varias empresas españolas y ha desarrollado proyectos en sectores donde compiten marcas como Apple o Google. Su trayectoria combina información, narrativa y producción audiovisual. Actualmente estudia diversas disciplinas en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Es editor en La Iberofonía.
El Tribunal Superior de Bogotá fijó para el lunes 1 de diciembre las audiencias de formulación de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Ambos formaron parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro y están investigados dentro del procedimiento judicial que examina irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La convocatoria del Tribunal responde a las diligencias abiertas en torno a la presunta existencia de contratos asignados de manera irregular y al supuesto uso de recursos de la entidad para obtener apoyos legislativos en el Congreso colombiano. Según las actuaciones preliminares, la Fiscalía sostiene que determinados convenios y decisiones administrativas habrían sido utilizados para influir en la tramitación de proyectos promovidos desde el Ejecutivo. Los detalles concretos de las imputaciones se conocerán en la audiencia programada.
Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, dejaron sus cargos en el marco de la crisis generada por las investigaciones en la UNGRD. Las pesquisas se centran en la denominada “repartija” de contratos y en la distribución de recursos destinados inicialmente a programas de gestión del riesgo y atención de emergencias.
El caso, que ha recibido cobertura nacional e internacional, ha derivado en la apertura de múltiples líneas de investigación sobre la estructura operativa de la entidad.
Las autoridades judiciales avanzan en la recopilación de testimonios, documentos administrativos y comunicaciones internas con el fin de precisar si se produjeron actuaciones contrarias a la legislación vigente en materia de contratación pública y financiación estatal. También se examinará si existió coordinación entre funcionarios de la entidad y actores políticos para destinar recursos a fines distintos a los establecidos por la normativa.
La citación del Tribunal Superior de Bogotá marca un punto relevante en el proceso, ya que las audiencias de imputación permitirán conocer formalmente la calificación jurídica de los hechos y las medidas solicitadas por la Fiscalía. Entre ellas puede figurar la imposición de restricciones judiciales o mecanismos de aseguramiento preventivos mientras avanza la investigación.
El caso de la UNGRD continúa generando consecuencias administrativas y políticas en Colombia. Diversos sectores institucionales han pedido reforzar los controles internos, revisar los procedimientos de asignación de recursos y evaluar posibles reformas en los mecanismos de supervisión de la entidad.
El Gobierno, por su parte, ha expresado públicamente su disposición a colaborar con las autoridades judiciales y a aplicar medidas correctivas en la estructura de gestión del riesgo.
Las audiencias del 1 de diciembre serán determinantes para establecer el rumbo procesal de los exministros y el desarrollo de la investigación sobre el uso de fondos públicos destinados a emergencias y desastres en el país.
