Juan Lacomba
(España) Editor de la Iberofonía, es licenciado en Derecho y en Relaciones Laborales. Sindicalista y delegado electo desde 2012, actualmente vicepresidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sagunto, Valencia. Es además formador y técnico superior en Salvamento y Socorrismo.
Aporta un profundo conocimiento del ámbito laboral, la negociación colectiva y las relaciones laborales en la administración pública.
El 14 de marzo de 2026, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma al Código Penal que establece la cadena perpetua como pena máxima para aquellos que cometan homicidios agravados, delitos de narcotráfico y crímenes relacionados con pandillas. La medida fue impulsada por el presidente Nayib Bukele, quien ha sido un firme defensor de políticas de mano dura contra la criminalidad. “Esta reforma es un paso más en nuestra lucha contra el crimen organizado y la violencia”, declaró Bukele tras la aprobación de la reforma.
La nueva legislación modifica las penas de prisión para ciertos crímenes graves, aumentando la duración de las sentencias para quienes sean culpables de homicidios especialmente crueles o relacionados con actividades de pandillas y narcotráfico. La cadena perpetua podrá ser aplicada en estos casos, lo que representa un endurecimiento de las políticas penitenciarias en el país. Esta medida tiene como objetivo, según las autoridades, mejorar la seguridad pública y disminuir los índices de criminalidad.
El impacto de la reforma será significativo, pues se estima que más de 300 personas actualmente encarceladas por delitos de homicidio agravado podrían ser sometidas a esta nueva pena. Además, la reforma incluye disposiciones que buscan evitar la liberación anticipada de criminales condenados por delitos graves.
Este cambio en el sistema penal ocurre en un contexto de creciente preocupación por la violencia en El Salvador. Según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el país ha logrado una reducción del 25% en los homicidios desde la implementación de la “guerra contra las pandillas”, un enfoque de seguridad que ha contado con la activa participación del gobierno. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el endurecimiento de las penas, señalando que la cadena perpetua podría tener implicaciones negativas para el sistema judicial y la rehabilitación de los prisioneros.
La nueva ley también es vista como un movimiento clave para consolidar la popularidad del presidente Bukele, quien ha basado gran parte de su campaña en políticas de seguridad estrictas. La reforma fue aprobada con el apoyo de la mayoría de los diputados y se espera que entre en vigor en los próximos meses, tras su promulgación oficial.
