La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que establece que la instrucción penal dejará de estar en manos de los jueces y pasará a la Fiscalía General del Estado. Esta modificación implicará que la totalidad de las investigaciones penales quedarán bajo la competencia del Ministerio Fiscal a partir de la entrada en vigor de la ley, prevista para enero de 2028.
El Gobierno alega que la reforma busca adaptar el sistema procesal español al modelo presente en la mayoría de los países de la Unión Europea que, en opinión del ejecutivo, ya está vigente en España en áreas específicas, como en aquellos casos relacionados con la Fiscalía Europea o con delitos cometidos por personas menores de edad. El proyecto fue remitido al Congreso de los Diputados para comenzar la tramitación parlamentaria, donde podrá ser objeto de enmiendas y debate.
Diversas asociaciones profesionales del ámbito judicial y fiscal, incluyendo la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, manifestaron su desacuerdo con la presentación de la reforma en esta etapa. Estas asociaciones indicaron que sería necesario modificar previamente el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar las garantías institucionales, en particular las relativas a la destitución de su máximo responsable en caso de investigación.
En mayo, las asociaciones mayoritarias del entorno judicial presentaron al Ministerio de Justicia una petición para que no se aprobara el proyecto sin antes introducir los cambios estructurales mencionados. Sin embargo, el Gobierno decidió avanzar con la reforma, que supone uno de los cambios procesales más significativos en el proceso penal de España en los últimos años.
