La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El Consejo de Ministros de España ha aprobado un decreto ley que amplía y refuerza diversas medidas de protección social para personas y familias en situación de vulnerabilidad. Entre las disposiciones se incluye la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la prohibición de los desahucios para familias vulnerables, que había sido introducida durante la pandemia y que inicialmente caducaba a finales de 2025. Asimismo, se extiende el plazo hasta el 31 de enero de 2027 para solicitar compensaciones para arrendatarios afectados.
El decreto amplía también el bono social, manteniendo durante todo el año el acceso a descuentos en los suministros básicos de agua, electricidad y gas natural para consumidores vulnerables, evitando cortes en estos servicios. Esta medida busca proteger a quienes enfrentan riesgo de exclusión por razones económicas. Además, se aumenta entre el 7 % y el 11,4 % las pensiones mínimas contributivas, y en un 11,4 % las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital, destinadas a personas con bajos ingresos.
Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha señalado que este paquete de medidas pretende mantener la cobertura a los sectores más afectados por la coyuntura económica y responder a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado debido a la actual situación parlamentaria. El decreto ley también contempla la extensión de ayudas directas con vigencia más allá del 31 de diciembre de 2025.
Estas disposiciones se producen en un contexto de minoría parlamentaria del Gobierno y tensiones autonómicas recientes. Analistas indican que el paquete busca sostener las políticas sociales y afrontar las dificultades para aprobar nuevos presupuestos.
