Belén Casas
(España) Vicepresidenta del Ateneo Iberófono Juan Latino. Licenciada en Diseño Digital y máster en Creatividad Publicitaria. Diplomada en Estrategia, Geopolítica y Seguridad Internacional en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Ha cursado estudios de Comunicación Audiovisual, así como formación en escritura creativa. Su trayectoria combina creación visual y comunicación estratégica. Mantiene una sólida conciencia iberófona, reforzada por sus vínculos familiares con México. Actualmente se encarga de la gestión de redes sociales del periódico La Iberofonía.
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, reabrió una pregunta estructural: ¿de dónde sale el armamento que sostiene la violencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos en México?
La respuesta no cabe en una sola frontera.
El “río de hierro” desde Estados Unidos
Autoridades mexicanas, entre ellos el secretario de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla, señalaron que cerca del 80% de las armas recuperadas en escenas del crimen y rastreadas oficialmente fueron adquiridas en Estados Unidos. Datos de la Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) respaldan cifras similares en distintos periodos (entre 66% y 75% de las armas rastreadas).
El fenómeno —popularizado como “río de hierro”— describe el flujo constante de armas compradas legalmente en EE.UU. y traficadas hacia el sur. Grandes minoristas en estados fronterizos han aparecido en registros judiciales vinculados a armas posteriormente recuperadas en México. Aunque el contrabando es delito federal en EE.UU., la magnitud del mercado y las lagunas de control hacen que el flujo persista.
México, por su parte, mantiene un régimen restrictivo de venta de armas —con una única tienda oficial administrada por el Ejército—, lo que acentúa la paradoja: la violencia es interna, pero buena parte del suministro es externo.
Armas israelíes: el circuito institucional
El otro eje es menos visible y más incómodo. Entre 2006 y 2018, México importó más de 23.700 armas desde Israel, según un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Las adquisiciones —realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)— incluyeron fusiles Galil y Tavor, y pistolas Jericho, fabricados por Israel Weapon Industries (IWI).
Israel representó el 8% de las importaciones mexicanas de armas en ese periodo. El problema no es la venta estatal en sí, sino la trazabilidad posterior. Parte de ese armamento terminó siendo decomisado en estados con fuerte presencia criminal. Las vías señaladas incluyen colusión local y opacidad en la distribución a corporaciones estatales y municipales.
El mecanismo exacto por el que ciertos fusiles de uso militar acabaron en manos de cárteles no está plenamente esclarecido. Pero la cadena evidencia un patrón global: los Estados exportadores rara vez asumen responsabilidad efectiva sobre el destino final de sus productos, y los marcos de seguimiento resultan insuficientes.
Dos flujos, una misma estructura
Un flujo desde el norte alimentado por un gran mercado civil y lagunas regulatorias.
Otro, institucional, a través de compras estatales y circuitos internos vulnerables a la corrupción.
El resultado converge en el mismo punto: el arsenal del crimen organizado.
México enfrenta una violencia que es doméstica en sus consecuencias, pero transnacional en sus causas. Mientras se discute la responsabilidad exclusiva de los cárteles, los datos obligan a ampliar el foco hacia los circuitos financieros, comerciales y regulatorios que hacen posible su poder de fuego.
El debate no es solo policial. Es estructural.
