Adrián Sánchez Sallán
(España) Editor en La Iberofonía, especialista en defensa y geopolítica. Combina su profesión como técnico en procesos industriales con sus estudios en el programa de Experto Universitario en Materialismo Político en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Es portavoz del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La muerte de Alex Pretti, un ciudadano estadounidense de 37 años y enfermero de cuidados intensivos, abatido por agentes federales durante una operación de inmigración en Minneapolis, ha abierto una nueva crisis política y social en Estados Unidos y ha intensificado el debate sobre el uso de la fuerza federal en operativos migratorios.
Según Reuters y Associated Press, el tiroteo ocurrió el sábado durante una redada vinculada al endurecimiento de la política migratoria de la administración Trump. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo inicialmente que Pretti se acercó armado y que los agentes actuaron en defensa propia. Sin embargo, vídeos verificados por varios medios muestran una versión distinta: Pretti aparece con un teléfono móvil en la mano, intentando grabar y ayudar a otras personas, antes de ser rociado con gas pimienta, reducido y finalmente tiroteado.
Las imágenes, analizadas también por The Washington Post, sugieren que un agente llegó a retirar el arma que Pretti llevaba legalmente antes de que otro disparara a corta distancia, lo que ha puesto en cuestión la narrativa oficial y ha provocado fuertes críticas por parte de autoridades estatales y municipales.
El caso ha desencadenado protestas masivas en Minneapolis, así como movilizaciones solidarias en otras ciudades como Nueva York y Washington. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, han condenado públicamente la actuación de los agentes federales y han exigido que el estado lidere una investigación independiente, denunciando además falta de cooperación por parte de las agencias federales.
Este no es un episodio aislado. La muerte de Pretti es la segunda en pocas semanas en Minneapolis vinculada a agentes de inmigración, tras el fallecimiento de Renee Good a principios de enero, lo que ha convertido a la ciudad en el epicentro de una controversia nacional sobre las tácticas de ICE y otras agencias federales en entornos urbanos.
La tensión institucional ha ido en aumento. Un juez ha ordenado la preservación de todas las pruebas, mientras el estado ha activado protocolos de emergencia ante el riesgo de nuevos disturbios. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia ha abierto líneas de investigación paralelas, en un contexto de creciente enfrentamiento entre el gobierno federal y las autoridades locales.
A nivel político, el impacto ya se siente en Washington. Legisladores demócratas han planteado la posibilidad de bloquear fondos para el DHS, mientras organizaciones de derechos civiles denuncian una deriva hacia prácticas de excepción en nombre del control migratorio.
El caso de Minneapolis simboliza algo más que un incidente policial: refleja una fractura profunda entre el poder federal, los gobiernos estatales y una parte significativa de la ciudadanía, y vuelve a situar en el centro del debate el equilibrio entre seguridad, derechos civiles y autoridad federal en un país cada vez más polarizado.
