La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
Colombia no se define hoy por un solo frente de crisis, sino por la superposición de tres presiones de base que condicionan su margen de maniobra: la tensión de seguridad en la frontera con Ecuador, el desgaste interno del proyecto de Gustavo Petro y la persistencia de un problema histórico que sigue sin resolverse, el del control territorial por grupos armados y economías ilícitas. El resultado es un país que conserva peso regional, pero que no logra convertirlo en capacidad efectiva de dirección geopolítica.
El primer eje es la frontera sur. Ahí se ha abierto una grieta particularmente delicada para Bogotá. El punto de inflexión fue la denuncia del presidente Gustavo Petro sobre los cuerpos hallados tras bombardeos en la zona limítrofe con Ecuador, en un episodio que abrió una discusión directa sobre si hubo o no una violación de soberanía y sobre el alcance real de las operaciones ecuatorianas cerca de territorio colombiano. Reuters recogió primero la denuncia de Petro sobre los restos encontrados tras los ataques en la frontera en despacho del 17 de marzo y, un día después, informó de que Colombia y Ecuador estaban examinando conjuntamente una posible vulneración fronteriza en la información recogida el 18 de marzo. Ese doble movimiento dejó al descubierto un dato clave: Colombia no controla plenamente el marco de seguridad en su entorno inmediato.
La relevancia geopolítica del caso aumentó cuando empezaron a aparecer dudas sobre la propia naturaleza de la operación. Una investigación publicada por El País en “Las dudas sobre los bombardeos de Ecuador y Estados Unidos en la frontera: ¿campamento narcoterrorista o finca campesina?” cuestionó la versión oficial ecuatoriana y colocó en primer plano el papel de Estados Unidos en la asesoría y ejecución de ese dispositivo. Eso desplaza el análisis: ya no se trata solo de un incidente bilateral entre Bogotá y Quito, sino de la expansión en la periferia colombiana de una lógica de securitización hemisférica donde Colombia corre el riesgo de quedar arrastrada por decisiones ajenas.
El segundo eje es interno. La debilidad política del gobierno de Petro reduce su capacidad para responder con iniciativa propia en el exterior. No es un problema abstracto. La erosión institucional se ha hecho visible tanto en el terreno político como en el económico. Associated Press informó en este análisis del 9 de marzo de que el bloque de Petro avanzó en las legislativas, pero sin asegurar una mayoría suficiente para imponer con comodidad su agenda. Esa falta de control parlamentario prolonga una constante de su mandato: reformas trabadas, negociación permanente y dificultad para transformar poder electoral en poder estatal efectivo.
A esa debilidad legislativa se suman los choques con otras instituciones. Reuters informó el 29 de enero (sobre la suspensión judicial de medidas económicas de emergencia ) de que la justicia frenó un decreto clave del Ejecutivo, recordando que el gobierno de Petro actúa bajo un sistema de contrapesos que limita su margen de improvisación. Y Reuters volvió a mostrar esa fricción el 31 de marzo, cuando relató en un despacho sobre el banco central la subida de tipos y la posterior retirada del gobierno del consejo del Banco de la República, en una escena que evidenció la distancia entre la visión del Ejecutivo y la de los guardianes de la ortodoxia monetaria. Un gobierno en tensión con el Congreso, los tribunales y el banco central tiene menos capacidad de proyectar coherencia estratégica fuera de sus fronteras.
El tercer eje, y probablemente el más profundo, es el de la seguridad territorial. La “paz total” de Petro pretendía modificar la lógica histórica del conflicto colombiano, pero los hechos siguen mostrando un Estado incapaz de cerrar el ciclo de violencia en amplias zonas rurales. La noticia de AP sobre el rescate de seis hermanos que se ocultaron en la selva para escapar de un grupo rebelde, publicada el 1 de abril , es mucho más que un suceso: revela que los grupos armados continúan ejerciendo coacción directa sobre la población civil, incluida la infancia. La misma información cita advertencias de UNICEF sobre el fuerte aumento del reclutamiento de menores en los últimos años. No estamos ante una anomalía aislada, sino ante la persistencia de un vacío estatal que sigue definiendo la geografía estratégica del país.
Ese déficit territorial también afecta a la propia capacidad militar del Estado. AP informó el 24 de marzo en de las críticas del presidente al uso de aeronaves de segunda mano por parte de las Fuerzas Armadas colombianas. El dato es relevante porque conecta la discusión sobre seguridad con una cuestión material: la capacidad operativa del Estado no depende solo de doctrina o voluntad política, sino también de medios. Un país que combate grupos armados, vigila fronteras porosas y pretende sostener presencia territorial prolongada no puede permitirse fragilidades logísticas sin pagar un precio estratégico.
En ese marco, la relación con Estados Unidos sigue siendo inevitable. Puede haber roces discursivos, tensiones puntuales e incluso episodios de frialdad, pero Colombia no dispone de una alternativa inmediata que sustituya el peso de Washington en materia de seguridad, narcotráfico y coordinación hemisférica. Reuters mostró en esta crónica sobre la reunión de Trump y Petro en la Casa Blanca que ambos gobiernos buscaban recomponer una relación que había sufrido fricciones previas. Eso confirma una realidad elemental: Bogotá puede modular el tono, pero no puede desengancharse del eje estadounidense sin asumir costes mayores.
La consecuencia de todo ello es clara. Colombia no está liderando el tablero regional. Tampoco se ha alineado de forma mecánica con la estrategia de securitización más agresiva que sí exhibe Ecuador. Lo que hace es resistir en una posición intermedia, tratando de evitar que la presión fronteriza, la debilidad interna y la persistencia del conflicto armado se transformen en una crisis de desbordamiento. Pero esa resistencia no equivale a liderazgo. Equivale, más bien, a una gestión defensiva del deterioro.
Esa es hoy la clave colombiana. No la de un país que marque el rumbo de la Iberofonía, sino la de un Estado que sigue siendo central por su peso territorial, humano y estratégico, pero que no consigue traducir esa centralidad en autonomía suficiente. Entre la presión de la frontera sur, los límites materiales de la “paz total” y la dependencia funcional de Estados Unidos, Colombia permanece atrapada en una condición incómoda: es demasiado importante para desaparecer del tablero, pero demasiado condicionado para ordenarlo.
