La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La Fundación Civio, especializada en transparencia y control del poder público, ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para obligar a la Sareb —la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria— a revelar a quién y por cuánto dinero ha vendido 9.440 viviendas de protección oficial que formaban parte de su cartera.
La iniciativa, publicada por Civio el 14 de enero de 2025, se produce tras más de un año de negativas de la Sareb a facilitar esta información, pese a que desde 2022 la entidad está sujeta a la Ley de Transparencia al contar con mayoría de capital público (50,14 %) y tener deuda computada oficialmente como deuda del Estado.
Vivienda pública, dinero público, opacidad privada
Según explica Civio en su investigación, la Sareb fue creada en 2012 por el FROB y varias entidades bancarias para absorber los llamados “activos tóxicos” del sistema financiero tras el colapso inmobiliario. Esa operación se financió con 51.000 millones de euros avalados por el Estado. En la práctica, una parte sustancial de esos activos —hipotecas, préstamos y viviendas— terminó respaldada por el contribuyente.
Entre esos activos había 12.349 viviendas protegidas, es decir, inmuebles construidos con subvenciones o ventajas públicas y sometidos a regímenes especiales de control administrativo. De ellas, la Sareb reconoce haber vendido ya 9.440, pero se niega a revelar:
- a qué empresas o fondos se las ha vendido,
- y a qué precios.
En abril de 2023, Civio solicitó formalmente a la Sareb el listado completo de inmuebles comprados y vendidos, con nombres de compradores y vendedores y precios. Tras la negativa inicial, la organización recurrió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que en diciembre de 2023 resolvió que la Sareb debía entregar casi toda la información… excepto los precios, alegando que su publicación podría dañar los “intereses económicos y comerciales” de la entidad.
Aun así, los datos finalmente remitidos en febrero de 2024 revelaron un elemento clave: entre los compradores de activos de la Sareb figuraban al menos 41 megatenedores, entre ellos Blackstone y CaixaBank, directamente o a través de filiales. También mostraron que un tercio de las viviendas protegidas se concentraban en Madrid, Alicante, Barcelona y Valencia.
Lo que no se sabe —y lo que Civio intenta ahora forzar judicialmente— es si esas viviendas se vendieron por debajo de su valor, con descuentos opacos o en condiciones ventajosas para grandes fondos.
La Sareb se ampara en su “estrategia comercial”
En marzo de 2024, Civio volvió a pedir específicamente los precios y los compradores de las viviendas protegidas. La Sareb respondió que facilitar esa información podría “desvelar el conocimiento comercial y la estrategia de la empresa” y afectar a su posición frente a competidores. El Consejo de Transparencia, en una resolución de julio de 2024, volvió a priorizar esos intereses empresariales frente al interés público.
Para Civio, esa interpretación vacía de contenido la Ley de Transparencia. Como recuerda la propia organización, la deuda de la Sareb es pública, y por tanto sus operaciones deberían serlo también, especialmente cuando afectan a vivienda protegida, un bien financiado y regulado por el Estado.
Ahora decide la Audiencia Nacional
El recurso presentado ante la Audiencia Nacional busca que un tribunal determine si la ciudadanía tiene derecho a saber qué se ha hecho con miles de viviendas públicas y quién se ha beneficiado de su venta.
Según Civio, el caso es clave porque afecta a tres pilares del interés público:
- La gestión de una deuda que es ya oficialmente del Estado.
- El destino de vivienda protegida construida con dinero público.
- La transparencia en la actuación de una sociedad controlada por el Estado.
Si la Audiencia Nacional da la razón a Civio, la Sareb podría verse obligada a publicar los precios reales de venta y los compradores, abriendo por primera vez una ventana completa sobre uno de los mayores traspasos de patrimonio inmobiliario público-privado de la historia reciente de España.
