Jaime Goig
(España) Presidente del Ateneo Iberófono Juan Latino, político, comunicador y escritor con amplia experiencia en medios (Onda Cero, El País…). Ha sido director de comunicación en varias empresas españolas y ha desarrollado proyectos en sectores donde compiten marcas como Apple o Google. Su trayectoria combina información, narrativa y producción audiovisual. Actualmente estudia diversas disciplinas en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Es editor en La Iberofonía.
Agentes federales arrestaron esta mañana a 12 personas, entre ellas dos empleados de carrera del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, como parte de una investigación por una compleja trama de corrupción que pretendía defraudar al erario público por más de $3.5 millones.
La acusación federal, resultado de “varios años de trabajo”, según el FBI, también imputa a 14 corporaciones por delitos de fraude electrónico y soborno. Los fiscales detallaron un mecanismo en el que los dos funcionarios públicos, identificados como Javier Renta Lebrón y Harry Muriel Falero, aprovecharon sus posiciones de acceso al sistema SURI (Sistema Unificado de Rentas Internas) para enriquecerse ilícitamente.
El Modus Operandi
De acuerdo con el pliego de 138 cargos presentado por un gran jurado, el esquema operó desde 2021 hasta abril de este año. Renta Lebrón y Muriel Falero utilizaron sus credenciales privilegiadas para, presuntamente: eliminar deudas contributivas. Crear créditos falsos. Generar planillas con gastos inventados.
Estas acciones tenían como objetivo eliminar o reducir significativamente las obligaciones fiscales de individuos y corporaciones, particularmente del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), retenciones de empleados y contribuciones sobre ingresos. En algunos casos, incluso se generaron reembolsos fraudulentos a los que los contribuyentes no tenían derecho.
La coordinación para estos delitos se realizaba a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp e iMessage con un intermediario, identificado solo como “Persona A”. A cambio de sus actos, los empleados públicos recibían sobornos.
Consecuencias y Reacciones
El fiscal federal W. Stephen Muldrow fue contundente: “Cada dólar robado mediante actos de corrupción es un dólar robado a los contribuyentes”. Aseguró que los crímenes afectan injustamente a todos los ciudadanos que sí cumplen con sus responsabilidades fiscales.
Por su parte, el agente especial del FBI a cargo, Devin J. Kowalski, (en la foto) envió una advertencia: “Para aquellos que piensan que pueden sobornar a un oficial público… sepa que el FBI los tiene en la mira”.
Frente a los cargos, los acusados se enfrentan a penas severas: hasta 20 años de prisión por conspiración y fraude electrónico, y hasta 10 años por los cargos de soborno.
La Investigación Continúa
Tanto Muldrow como Kowalski dejaron claro que la pesquisa, bautizada como “Operation Credit Clapback”, está lejos de terminar. Advirtieron que “hay más gente involucrada en este tipo de esquemas” y alentaron a cualquier cómplice a que se acerque voluntariamente al FBI. “Es mucho mejor ser ‘persona A’ y no acusado número 1”, declaró Muldrow.
El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, se apresuró a aclarar que los dos empleados arrestados no representan a la vasta mayoría de los más de 1,600 funcionarios de la agencia, a quienes calificó como “grandes servidores públicos”.
La gobernadora Jenniffer González Colón se declaró “contenta” con los arrestos, calificándolos como un “ataque directo” a la corrupción y una “medida de saneamiento” para el gobierno. Reiteró el compromiso de su administración de colaborar con las pesquisas en curso para limpiar las instituciones.
