La Defensoría del Pueblo advierte que el riesgo electoral afecta todo el departamento del Atlántico

La Defensoría del Pueblo señala que cinco municipios del Atlántico requieren acciones urgentes por presencia de actores armados y disputas políticas


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Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.

La Defensoría del Pueblo de Colombia, a través de su titular Iris Marín Ortiz, presentó en Bogotá la Alerta Temprana Electoral 2025-2026. Este informe, basado en catorce variables de riesgo y en el trabajo territorial en más de 1.100 municipios, indica que todo el departamento del Atlántico se encuentra bajo riesgo electoral, con especial énfasis en cinco municipios: Baranoa, Campo de la Cruz, Luruaco, Malambo y Polonuevo, donde se requieren acciones urgentes. El resto del departamento, incluida la capital Barranquilla, fue clasificado en la categoría de acción prioritaria.

La Defensoría describió que los riesgos electorales en el Atlántico son generalizados, aunque no uniformes, señalando factores asociados a la influencia de actores armados, control social y conflictos políticos locales. Durante la presentación del informe se destacó la existencia de violencia armada y la baja presencia estatal en la región. Además, se identificó una débil articulación entre las instituciones encargadas de las tareas electorales, lo que aumenta los riesgos del proceso electoral.

El informe indica que la macrorregión Caribe está conformada por 135 municipios, de los cuales siete municipios tienen llamado a acción urgente, ochenta y uno a acción prioritaria y cuarenta y siete a observación permanente. La Defensoría advirtió que, aunque los riesgos no afectan por igual a todos los municipios, la influencia de grupos armados ilegales se extiende ampliamente en el Atlántico y otros municipios caribeños.

El informe solicita que las autoridades estatales nacionales, departamentales y municipales implementen medidas preventivas para mitigar los riesgos identificados, recomendando la articulación institucional, mayor presencia estatal en zonas vulnerables y vigilancia continua para preservar la integridad del proceso electoral en el Atlántico y la región Caribe.

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