Jaime Díez
(España) Pasó su infancia en Barcelona y se trasladó a Madrid con su familia, donde terminó sus estudios. Hispano. Miembro de las Vanguardias Iberófonas, maestro de obras, en continua formación en economía, materialismo político y análisis geopolítico.
El genocidio de indígenas o aborígenes en las colonias británicas de Canadá, Australia y Nueva Zelanda no fue un accidente. Fue una política deliberada, sistemática y continuada durante más de dos siglos, cuyo objetivo no fue simplemente destruir culturas, sino apuntalar el modo de producción capitalista que rápidamente se pudo asentar mediante la eliminación física de poblaciones insurrectas con objeto de sustituirlos por gentes serviles y apropiarse de sus recursos. Sin embargo, durante décadas, el discurso dominante —incluido el de muchos grupos autodenominados “indigenistas” “animalistas” y “medioambientalistas”— ha reducido estos crímenes a un eufemismo: “genocidio cultural”. Esa etiqueta, aparentemente benévola, cumple una función ideológica precisa: borrar el exterminio físico de millones de seres humanos, la apropiación de sus recursos y la división de clases para sustituirlo por una narrativa de asimilación cultural que, en última instancia, exculpa a los perpetradores y perpetúa un racialismo de nuevo cuño que sustente una expropiación de recursos eliminando a los nuevos pobladores o estableciendo ONGs que expropian recursos a través de impuestos para la nueva burguesía medioambientalista y de género.
Canadá: el “genocidio cultural” que esconde miles de niños secuestrados
La narrativa oficial canadiense ha consagrado la expresión “genocidio cultural” para describir el sistema de internados residenciales para niños indígenas. La Comisión de Verdad y Reconciliación (TRC), en su informe final de 2015, concluyó que este sistema constituyó una política deliberada de “destrucción cultural”. Pero esa calificación es profundamente engañosa. En principio no oculta que entre 1880 y 1996, más de 150.000 niños de las Primeras Naciones, inuit y métis fueron arrancados de sus familias y enviados a 139 internados gestionados por el gobierno y por iglesias católicas y protestantes. En esos centros, la mortalidad infantil superó el 20% en algunos casos, según denunció ya en 1907 el Dr. Peter Bryce, quien calificó la situación como un “crimen nacional”. La TRC documentó al menos 3.200 muertes confirmadas, cifra que su propio presidente, el juez Murray Sinclair, ha llegado a situar entre 6.000 y hasta 25.000, dada la destrucción sistemática de expedientes y la falta de registro de causas de muerte en más del 40% de los casos. Hasta la fecha se han hallado más de 1.700 tumbas sin marcar en antiguos internados.
Unos datos que ocultan a otros
La TRC habló de “genocidio cultural” porque, según su interpretación, no hubo intención de exterminar físicamente al grupo, sino “de destruir su identidad”. Claro, porque exterminar al grupo insurrecto y apropiarse de sus recursos no es lo importante: Lo importante es la cultura. Desde luego que a nadie se le escapa que esa distinción es jurídica y moralmente despreciable. El Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 define el genocidio como cualquiera de una serie de actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Entre esos actos figuran el traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo y las condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física. Ambos elementos estuvieron presentes en Canadá. La calificación de “cultural” es una concesión política que minimiza el hecho de que miles de niños murieron por negligencia deliberada, desnutrición, tuberculosis y abusos físicos y sexuales. Y lo que es más importante: oculta que el objetivo no era solo borrar una cultura, sino reducir drásticamente el número de indígenas para apropiarse de sus recursos y sustituirlos por una población servil a los nuevos amos.
Australia: el exterminio silenciado de una población entera
En Australia, el genocidio no fue una política de internados, sino una combinación de masacres, enfermedades introducidas deliberadamente, desplazamientos forzosos, robo sistemático de niños y apropiación de tierras y recursos hídricos. La población aborigen estimada en 750.000 personas en el momento de la llegada de los británicos a las islas se había reducido a 93.000 en 1901. Algunos historiadores sostienen que la cifra inicial era aún mayor, y que la reducción alcanzó el 97% en ciertas regiones —una estimación que un reciente estudio publicado en Nature Human Behaviour no solo confirma, sino que supera: basándose en evidencia genética, arqueológica y ambiental, sitúa la población precolonial en una mediana de 2,22 millones de personas, lo que implicaría un colapso del 93% en menos de 80 años tras la invasión de 1788. Se estima que hasta 1928 se perpetraron alrededor de 500 masacres de aborígenes e isleños del estrecho de Torres. La masacre de Myall Creek en 1838, donde 30 miembros de la comunidad Wirrayaraay —en su mayoría mujeres y niños— fueron decapitados y desmembrados, es solo un ejemplo de una masacre sistemática.
El informe Bringing Them Home de 1997 concluyó que las políticas de remoción forzosa de niños indígenas constituyeron genocidio. Entre 1910 y 1970, entre uno de cada diez y uno de cada tres niños aborígenes fueron arrancados de sus familias. El relato construido hoy en día todavía es engañoso: Según dicen el objetivo fue “blanquear” a la población mediante la asimilación forzosa de los niños de piel más clara, cuando lo único claro es que la población eliminada se resistía a su política de apropiación de recursos para venderlos a unos pocos oligarcas y que los nuevos pobladores se sometían fácilmente a las normas porque provenían de la Metrópoli donde ya aceptaban su situación de esclavos. Por supuesto que a todo esto se le sumó la introducción deliberada de enfermedades como la viruela, que diezmó comunidades enteras. En 2025, la Yoorrook Justice Commission —una comisión de investigación oficial con poderes de comisión real, tras cuatro años de investigación y más de 1.300 testimonios— concluyó en su informe final que hubo crímenes de lesa humanidad y genocidio contra los aborígenes del estado de Victoria, informe que fue presentado ante el Parlamento estatal. Sin embargo, ese reconocimiento sigue siendo excepcional: ni el Gobierno de Victoria ha adoptado todas sus recomendaciones ni ha sido asumido por el gobierno federal, que quiere parar el relato mucho antes de que se llegue a conocer la cruda realidad.
Nueva Zelanda: el lento genocidio que el indigenismo prefiere llamar “reconciliación”
Nueva Zelanda presenta un caso particularmente ilustrativo porque el discurso oficial ha convertido el Tratado de Waitangi en un símbolo de reconciliación, ocultando tras esa retórica un proceso de despojo y exterminio. Las guerras de la década de 1860, incluyendo el conflicto de Waikato y la invasión de Parihaka, provocaron entre 20.000 y 40.000 muertes maoríes y la confiscación de millones de hectáreas de tierra. La población maorí se redujo de unos 100.000 en 1848 a 56.049 en el censo de 1858, y la tasa de mortalidad alcanzó el 44% en la década siguiente. El Tribunal de Waitangi ha documentado cómo el gobierno colonial despojó sistemáticamente a los maoríes de sus tierras para regalarlas a las oligarquías dominantes, impuso leyes que permitían encarcelar sin juicio a los insurrectos y destruyó comunidades enteras. La masacre no se oculta pero sí la posterior apropiación de sus tierras por parte de unos oligarcas beneficiarios. Esta es su contribución al progreso civilizatorio.
En 2024, el propio gobierno neozelandés impulsó una ley para reinterpretar el Tratado de Waitangi que, según su criterio, “aliviaría el lento genocidio de los maoríes”. Hoy, los maoríes representan solo el 17% de la población pero el 52% de la población carcelaria, con una esperanza de vida significativamente menor y tasas de pobreza muy superiores a la media. La colonización trajo “genocidio, violaciones y robo de tierras”, como escribe la poeta maorí Tusiata Avia. Y sin embargo, el discurso indigenista dominante insiste en celebrar la “reconciliación” y el “diálogo intercultural” por no hablar de una supuesta “recuperación cultural”, que no es más que ritos y folclor, mientras las condiciones materiales de los maoríes siguen siendo las de un pueblo marginado.
El indigenismo como ideología racialista que oculta el exterminio físico y la apropiación originaria
El “indigenismo” es un término que designa un movimiento de personas, indígenas o no, que luchan por y para los indígenas, entendido como personas de antepasados que habitaron ciertas tierras desde sus orígenes. Lo curioso es el mismo origen del movimiento indigenista: En el siglo XVI, el indigenismo ha sido un discurso exterior al propio sujeto indígena, una relación entre “quienes hablan y aquellos de quienes se habla”. Y esa relación ha estado marcada por una disparidad de poder que el indigenismo nunca ha cuestionado de fondo. Kim Díaz, filósofa especializada en la distinción entre indigenismo e indianismo, señala que “el llamado problema indio no es uno de clase, educación o libertad individual, sino de raza y racismo, y persiste porque el indigenismo es un movimiento de blancos para blancos” pero aquí la señora Díaz vuelve a dejar de lado que los blancos sustituyeron a los oscuros porque éstos eran más funcionales para la burguesía, no por la claridad de su piel sino porque provenían de Europa donde ya habían sido culturalmente subordinados al poder anglo. Sí es cierto lo que dice Kim Díaz, que “el indigenismo, aunque se presente como contestatario, sigue siendo una forma de colonialismo y una forma de racismo” y, yo añadiría, rara vez ha sido amigo de los movimientos de resistencia de emancipación proletaria-revolucionaria ni pone en entredicho el poder del imperio anglo.
El indigenismo perpetúa la subordinación de los indígenas a una subdivisión de clases según el modo de producción por mor de un bien común mayor, que es el del “progreso” y el de “civilizar”. Y, al hacerlo, desplaza el foco de ese modo de explotación y exterminio físico y sustitución demográfica por personas sumisas, unas veces de piel clara y otras de piel oscura. La supuesta “pérdida cultural” es un marco que resulta mucho más apetecible para las clases dominantes de esos Estados-nación, dignos herederos del imperio anglo. Al hablar de “genocidio cultural”, el “indigenista” logra dos objetivos simultáneos: por un lado, recibe subvenciones y un trato de favor por difundir el relato oficial de reconocer un daño lo suficientemente grave como para justificar unas políticas de reparación de gran simbolismo y boato; por otro, evita tener que reconocer que el crimen fue el asesinato masivo de una población beligerante por otra sumisa y servil (blanca, marrón o negra) y de paso apropiarse de sus recursos. La cultura puede “recuperarse”, “revitalizarse” o “celebrarse”. Los muertos, no.
Esta operación ideológica tiene una dimensión profundamente clasista. Al definir a los indígenas como portadores de una “cultura” que debe ser preservada —pero no como sujetos políticos con derecho a explotar la tierra y sus recursos—, el indigenismo los convierte en objetos de museo, en folclor, en “diversidad cultural”. Y, al mismo tiempo, blanquea la historia de los perpetradores, presentándolos como asimilacionistas bienintencionados en lugar de como piratas y genocidas. El indigenismo es, en este sentido, la cara amable de un nuevo judaísmo para gentiles: reconoce al indígena solo en tanto que “víctima cultural”, nunca en tanto que “sujeto de derecho” que se resiste al robo de sus tierras o a ser explotada con objeto de establecer rápidamente el modo de producción capitalista en esas latitudes.
Sin eufemismos: nombrar el crimen y al criminal
La historia de Canadá, Australia y Nueva Zelanda es epítome de la herencia directa de un imperio, el británico, que comparte el “buen” hacer de una historia plagada de piratas, corsarios, y genocidas que han creado grupos de relatos de ocultación bautizados con nombres tan amables como “indigenistas” “medioambientalistas”, “animalistas” con el eufemismo de “genocidio cultural” y con toda la parafernalia propia de estos tiempos con objeto de contribuir a ocultar una operación mucho más monstruosa pero lucrativa para una oligarquía. Nombrar ese crimen sin eufemismos no es un acto de justicia. Millones de personas fueron asesinadas y, sobre sus cadáveres, los asesinos construyeron un imperio depredador. Llamar a eso “apropiación cultural” o “pérdida cultural” es una obscenidad y una mentira. Es hora de que el auto denominado “indigenismo” deje de ser el zorro guardián del gallinero. El verdadero crimen no fue la desaparición de unas lenguas, sino la desaparición de millones de seres humanos para la imposición, en esos territorios, de personas serviles para establecer el modo de producción capitalista. Un modo que ya da visos de agotamiento frente a la transición de la que estamos siendo testigos hacia un nuevo modo de producción liderado por una gran potencia: El imperio del Centro.
