La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La crisis abierta en torno a la renovación de la flota de combate de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) entró este 20 de abril en una fase abiertamente política. La reunión celebrada desde las nueve de la mañana entre el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernardo Navarro, y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, no puede leerse como una simple cita protocolaria. Se produjo justo después de que el presidente José María Balcázar dejara entrever la suspensión de los acuerdos vinculados al proyecto de modernización de la aviación de combate peruana, una operación que llevaba más de dos años en marcha y que ya había desembocado, de facto, en la selección del F-16 Block 70 como opción preferente.
Lo que está en juego no es únicamente un contrato militar. Lo que se está ventilando en Lima es la orientación estratégica del Perú en materia de defensa, industria y alineamientos internacionales. La oferta estadounidense, valorada en 2.000 millones de dólares para una primera flota de 12 F-16 Block 70, está próxima a caducar. Y la presencia del embajador norteamericano en la PCM en un momento así revela con claridad que Washington no contempla con indiferencia el posible frenazo a una operación que daba por encaminada.
La propuesta presentada por Lockheed Martin no era menor. El F-16 Block 70 ha sido presentado como la versión más avanzada jamás construida de esta plataforma: cabina modernizada, radar APG-83 AESA, sistemas de misión de última generación, capacidades reforzadas de guerra electrónica y una mejora sustancial en supervivencia y conciencia situacional. En términos estrictamente militares, la oferta convertía a la FAP en parte de una arquitectura de cooperación de largo alcance con Estados Unidos y con otros operadores globales del F-16. En términos políticos, suponía algo aún más relevante: una decisión de Estado sobre con quién quiere alinearse el Perú durante las próximas décadas.
Ese es el núcleo real del problema. Porque el proceso no fue improvisado ni fruto de una maniobra de última hora. Los técnicos del Ministerio de Defensa y de la FAP recurrieron al software Expert Choice, una herramienta de análisis multicriterio, para comparar las distintas propuestas en liza. Sobre la mesa estaban también el Gripen E ofrecido por Saab y el gobierno de Suecia, y el Rafale F4 promovido por Dassault Aviation y Francia. Sin embargo, tras un procedimiento prolongado y complejo, la opción elegida desde febrero habría sido la norteamericana. No solo por sus características técnicas, sino por el componente geopolítico que acompaña a toda gran compra de defensa.
Por eso el aplazamiento de la firma no puede presentarse como una mera pausa administrativa. Si el Gobierno peruano se echa atrás, o si prolonga indefinidamente la incertidumbre, tiene consecuencias. Las tiene frente a Washington, que difícilmente aceptará sin coste diplomático una marcha atrás después de haber aprobado la venta militar. Y las tiene también frente a los otros competidores, porque el retraso reabre un proceso que oficialmente parecía resuelto.
En el plano interno, la maniobra vuelve a exponer una fractura en la toma de decisiones del poder peruano.
En el plano regional, el caso también tiene lectura más amplia. En Iberoamérica, la adquisición de sistemas de armas avanzados nunca es un acto aislado: redefine dependencias logísticas, formación, repuestos, doctrinas operativas y vínculos de seguridad. Comprar el F-16 no significa solo adquirir aviones; significa entrar más a fondo en una esfera de interoperabilidad -subordinación- con Estados Unidos. Renunciar o dilatar esa decisión, por el contrario, abre interrogantes sobre si Perú busca renegociar condiciones, reequilibrar alianzas o simplemente ganar tiempo en medio de tensiones internas.
Por ahora, según las informaciones disponibles, la suspensión formal del contrato no se ha oficializado. Eso deja el asunto en una zona de máxima tensión. Las próximas horas serán decisivas para saber si el Gobierno de Balcázar intenta recomponer el proceso, si busca una salida política menos costosa o si está dispuesto a asumir el choque con Estados Unidos. Lo que ya ha quedado claro es que la modernización de la FAP ha dejado de ser una cuestión puramente militar. Hoy es, sobre todo, una prueba de fuerza entre la soberanía decisoria peruana, la presión diplomática norteamericana y la capacidad o incapacidad del poder político.
