Padre Luis Alejandro Bazalar
(Perú) Sacerdote, de gran experiencia en Docencia y Pedagogía de la Filosofía Antigua, Medieval y Contemporánea, así como en la Historia de las Religiones. Con más de 7 años en la enseñanza privada, ha logrado liderar el área de Planificación y Estrategias Pastorales, teniendo a cargo el pastoreo y conducción de una comunidad de más de 7 mil personas, como Vicario en la Parroquia de Alcanar, en España. En España empezó la especialización de grado en Moral, a través de los estudios de Posgrado en el Instituto Juan Pablo II de Valencia.
Hay figuras que la historia oficial domestica, reduce o simplemente entierra bajo toneladas de tinta interesada, no porque hayan sido irrelevantes, sino precisamente porque fueron peligrosamente decisivas. Isabel de Castilla es una de ellas. La han convertido en caricatura: inquisidora, medieval, símbolo de atraso. Curioso, porque cuando una figura femenina ejerce poder real —no simbólico ni decorativo— el sistema que hoy se dice “progresista” suele reaccionar con una mezcla de incomodidad y borrado selectivo.
Isabel no pidió permiso ni heredó pasivamente. Disputó el poder en un escenario donde la política era guerra abierta. Su ascenso no fue un cuento de hadas, sino una jugada de alta estrategia: deslegitimar a su hermana Juana en medio de una crisis sucesoria, tejer alianzas, asegurar el respaldo eclesial y consolidar una legitimidad que no venía solo de la sangre, sino de la capacidad de gobernar. En términos contemporáneos —que tanto gustan a los analistas de escritorio— fue un “quiebre del statu quo”: un golpe político, sí, pero uno que evitó la fragmentación de Castilla y abrió paso a una reorganización del poder que cambiaría el mundo.
Y aquí empieza lo incómodo. Isabel no gobernó para agradar a los comentaristas del siglo XXI. Gobernó con una visión: unidad política, orden institucional y proyección histórica. Bajo su reinado se consolidó el Estado moderno en Castilla, se reorganizó la administración, se sometió a las élites dispersas y se construyó una autoridad que no dependía del capricho feudal. Traducido a lenguaje actual, eso es capacidad de Estado, algo que tanto se reclama hoy en el Perú y que tan poco se entiende.
Pero el punto de quiebre no está solo en Castilla, sino en lo que vino después. Cuando se abre el horizonte de ultramar, Isabel enfrenta una pregunta que no era técnica, sino profundamente moral y política: ¿qué son esos pueblos?, ¿botín, mercancía, cuerpos disponibles o sujetos con dignidad? La respuesta no fue perfecta —la historia nunca lo es—, pero fue radical para su tiempo. Las disposiciones de la Corona, desde el inicio, establecieron que los habitantes de estos territorios no eran esclavos por naturaleza, sino vasallos libres, es decir, sujetos de derecho dentro del orden político.
Eso no nació en una ONG ni en un comité académico de moda, sino en una conciencia formada en una tradición que, cuando se toma en serio, coloca al pobre, al débil y al desconocido en el centro de la pregunta moral. “¿Qué has hecho con tu hermano?” (Gn 4,9) no es una metáfora bonita; es una acusación permanente al poder.
De ahí se desprende todo un andamiaje: las Leyes de Indias, la figura del virreinato —no como colonia de explotación sin ley, sino como extensión jurídica de la Corona— y el reconocimiento, aunque tensionado y muchas veces traicionado en la práctica, de que aquí había personas y no cosas. Se incumplió, claro que sí, y hubo abusos también, pero el marco normativo existió y fue adelantado a su tiempo por siglos. Mientras otras potencias reducían pueblos enteros a mercancía pura, aquí se discutía —con conflictos, sí— si tenían alma, derechos y dignidad.
Y eso es lo que la famosa “leyenda negra” anglosajona no perdona, porque desmonta el relato cómodo de civilizados versus bárbaros. Resulta incómodo aceptar que en el corazón de ese proyecto político había una idea que hoy llamaríamos —con otro lenguaje— justicia histórica, que el poder debía responder ante algo más alto que sí mismo y que la riqueza no justificaba el atropello. “¡Ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen su consuelo!” (Lc 6,24) no es un eslogan, es una advertencia.
En el Perú, esto tiene consecuencias concretas. Nos han repetido hasta el cansancio que fuimos “colonia”, como si eso agotara la explicación, y con esa palabra han simplificado cinco siglos de historia para convertirlos en herramienta política de corto plazo. Pero el virreinato implicaba otra cosa: una integración conflictiva, sí, pero real, a un orden jurídico común. De ahí nacen instituciones, universidades, formas de organización, derechos reconocidos —aunque no siempre respetados— y, sobre todo, una conciencia de pertenencia que no era la de un territorio descartable, sino la de una parte constitutiva de un mundo más amplio.
Isabel no conoció el Perú, pero el Perú que somos no se entiende sin la decisión política que ella encarnó, sin esa afirmación inicial de que estos pueblos no eran desechables y sin esa tensión permanente entre poder y conciencia que obligó, incluso siglos después, a debates como los de Valladolid, a figuras que denunciaron abusos y a normas que, en el papel al menos, protegían a los más vulnerables.
Aquí es donde algunos se incomodan de nuevo, porque la defensa de la mujer que Isabel representa no pasa por consignas vacías ni por cuotas simbólicas, sino por el ejercicio real del poder, por la capacidad de decidir, de asumir riesgos y de imponer una dirección histórica. Fue mujer en un mundo de hombres, sí, pero no como víctima permanente, sino como sujeto político pleno. No necesitó que nadie le “ceda espacio”: lo tomó y lo sostuvo.
Comparar eso con ciertas versiones contemporáneas de “empoderamiento” —más preocupadas por el discurso que por la realidad— es, siendo honestos, casi irónico. Una reina que reorganiza un reino, redefine el mapa geopolítico y establece bases jurídicas que impactan siglos después contrasta con activismos que muchas veces no logran salir del papel. La diferencia no es de género, sino de densidad histórica.
Y, sin embargo, su figura se diluye, se deforma o se ataca, no por casualidad, sino porque recordarla en su complejidad rompe varios relatos cómodos a la vez: el de una Europa homogéneamente opresora sin matices, el de unas Américas puramente pasivas y el de un progreso lineal que empieza recién cuando conviene políticamente.
Hay una corriente —no siempre nombrada, pero reconocible— que insiste en mirar la historia desde abajo, desde los olvidados, desde quienes cargaron el peso real de los procesos. Si uno adopta esa mirada, Isabel no desaparece; al contrario, se vuelve más interesante, porque obliga a preguntar no solo qué hizo el poder, sino qué límites se le impusieron, qué principios se intentaron introducir y qué batallas se dieron —y se siguen dando— para que la dignidad no sea aplastada por la conveniencia.
El Perú de hoy, fragmentado, centralista y muchas veces indiferente a su propia gente, haría bien en recordar esa lección incómoda: sin capacidad de Estado, sin un marco jurídico que se tome en serio y sin una visión que integre en lugar de excluir, no hay discurso que salve.
Isabel no fue santa ni villana de caricatura. Fue, sobre todo, una mujer de poder que entendió que gobernar implica decidir quién cuenta y quién no, y en ese punto —con todas las tensiones y contradicciones que la historia arrastra— tomó una decisión que nos alcanza hasta hoy. Quizá por eso molesta tanto, porque obliga a dejar de repetir consignas y empezar a hacerse cargo de algo más difícil: construir, de verdad, un orden donde el último no sea siempre el último.
