Jaime Goig
(España) Presidente del Ateneo Iberófono Juan Latino, político, comunicador y escritor con amplia experiencia en medios (Onda Cero, El País…). Ha sido director de comunicación en varias empresas españolas y ha desarrollado proyectos en sectores donde compiten marcas como Apple o Google. Su trayectoria combina información, narrativa y producción audiovisual. Actualmente estudia diversas disciplinas en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Es editor en La Iberofonía.
La decisión del Gobierno de Javier Milei de declarar a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista marca un punto de inflexión en la política exterior argentina y reabre un debate histórico que trasciende lo diplomático para entrar de lleno en el terreno de la seguridad nacional. El movimiento no se produce en el vacío: se inscribe en un contexto internacional caracterizado por la intensificación del conflicto entre Israel, Irán y sus respectivos aliados regionales, y sitúa nuevamente a Argentina dentro de un eje de alineamiento con Israel y Estados Unidos.
La medida tiene un fuerte componente simbólico, pero también estratégico. No solo implica una toma de posición clara en un conflicto internacional activo, sino que rompe con una tradición histórica argentina de relativa equidistancia en escenarios de alta tensión global. Este giro recuerda inevitablemente al periodo de los años noventa, cuando bajo la presidencia de Carlos Menem el país adoptó una política de alineamiento explícito con Washington, participando en la coalición internacional durante la Guerra del Golfo.
Aquel cambio estratégico tuvo consecuencias profundas. Argentina abandonó su tradicional postura de no intervención en conflictos extrarregionales y se integró en la arquitectura de seguridad liderada por Estados Unidos. Este reposicionamiento coincidió temporalmente con dos de los episodios más traumáticos de su historia reciente: el atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y el ataque contra la sede de la AMIA en 1994. Ambos hechos dejaron decenas de víctimas y abrieron una herida institucional que, más de tres décadas después, continúa sin cerrarse completamente.
Las investigaciones sobre estos atentados han estado marcadas por irregularidades, cambios de rumbo judicial y disputas políticas. Diversas líneas apuntaron hacia actores vinculados a Irán y a la organización Hezbolá, algo que ambos actores negaron con rotundidad, de hecho las conclusiones nunca han alcanzado un consenso a nivel judicial e internacional. Esta falta de cierre definitivo ha permitido que el debate sobre sus causas y motivaciones permanezca abierto, especialmente en relación con el contexto geopolítico de la época.
Es en ese punto donde emerge el paralelismo que hoy vuelve a plantearse. La cuestión central no es únicamente si Argentina repite una estrategia de alineamiento, sino si esa decisión incrementa su exposición dentro de un conflicto que no le es propio en términos territoriales, pero sí potencialmente relevante en términos de seguridad. La historia no ofrece respuestas automáticas, pero sí marcos de análisis.
Desde una perspectiva estrictamente estratégica, la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en listas de terrorismo tiene efectos en la percepción internacional del país. Argentina deja de ser un actor periférico para convertirse en un participante identificado dentro de un bloque concreto. En un escenario de creciente polarización global, esta identificación puede tener implicaciones diplomáticas, económicas y de seguridad.
El contexto actual refuerza esta lectura. El conflicto en Oriente Medio ha evolucionado hacia una dinámica de confrontación indirecta entre Estados, con episodios recurrentes de ataques, represalias y operaciones encubiertas. Israel ha intensificado sus acciones contra objetivos vinculados a Irán, mientras que Irán ha respondido mediante estrategias asimétricas. En este entorno, la categorización de actores como terroristas no es únicamente jurídica, sino también política.
La propia definición de terrorismo en este contexto se convierte en un elemento de disputa internacional. Mientras Estados Unidos e Israel consideran a la Guardia Revolucionaria y a Hezbolá como organizaciones terroristas, otros Estados y actores internacionales mantienen posiciones diferentes o más matizadas. Esto genera un escenario en el que las decisiones nacionales tienen un impacto directo en la inserción global de cada país.
En este sentido, el debate actual no gira únicamente en torno a la legitimidad de la decisión adoptada por el Gobierno, sino sobre sus posibles consecuencias a medio y largo plazo. ¿Supone este alineamiento un incremento real del riesgo?
Lo que sí parece claro es que la política exterior argentina ha entrado en una fase de redefinición. El país ha optado por abandonar una posición de bajo perfil en conflictos extrarregionales para adoptar una postura explícita alineada con los intereses de Israel y Estados Unidos. Este cambio no solo implica asumir mayores niveles de exposición, sino que apunta a intereses mucho más turbios a los que hemos señalado en este mismo medio.
En última instancia, la cuestión de fondo es si Argentina puede permitirse ese nivel de implicación en un conflicto que debería serle ajeno y cuya lógica responde a dinámicas globales complejas.
