Juan Lacomba
(España) Editor de la Iberofonía, es licenciado en Derecho y en Relaciones Laborales. Sindicalista y delegado electo desde 2012, actualmente vicepresidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sagunto, Valencia. Es además formador y técnico superior en Salvamento y Socorrismo.
Aporta un profundo conocimiento del ámbito laboral, la negociación colectiva y las relaciones laborales en la administración pública.
A una semana de la reciente huelga general -territorial – en el País Vasco, convocada por los sindicatos ELA y LAB en torno a la reivindicación de un Salario Mínimo de 1.500 euros, se hace necesario analizar a este territorio como en el centro del conflicto laboral en España. Sin embargo, más allá del dato —recurrente— de que una parte significativa de las huelgas del país se concentran en esta región, el elemento verdaderamente relevante es otro: la ruptura de la unidad de acción sindical a escala nacional.
Con apenas un porcentaje reducido de la población activa del conjunto del Estado, el País Vasco presenta niveles de conflictividad laboral muy superiores a la media. Este fenómeno no responde a una anomalía coyuntural, sino a un modelo estructural consolidado, basado en la confrontación directa con la patronal, la autonomía financiera y la negativa a integrarse en dinámicas de concertación consideradas estériles.
Sin embargo, este modelo, lejos de proyectarse como referencia nacional, opera de forma estrictamente territorial, generando una dinámica que, en términos de clase, introduce una fractura de gran calado.
Un modelo combativo… encapsulado territorialmente
Los sindicatos ELA y LAB han desarrollado durante décadas una estrategia basada en la confrontación sostenida. La existencia de mecanismos como la Caja de Resistencia de ELA, financiada mediante cuotas elevadas de afiliación, permite sostener huelgas prolongadas y ejercer una presión efectiva sobre empresas e instituciones.
Este esquema ha demostrado capacidad para arrancar mejoras concretas en salarios y condiciones laborales dentro del País Vasco. Sin embargo, su radio de acción permanece limitado al ámbito autonómico, sin una traducción efectiva en el conjunto del país.
La consecuencia es clara: la lucha de clases se territorializa.
En lugar de articular un conflicto de carácter nacional que eleve el nivel general de derechos laborales, se consolidan espacios diferenciados donde la correlación de fuerzas favorece a los trabajadores —como en el País Vasco— frente a otros territorios donde predomina la desmovilización.
El modelo estatal: concertación, desmovilización y fragmentación
En contraste, los sindicatos mayoritarios de ámbito estatal, como CCOO y UGT, han apostado por un modelo basado en la concertación institucional. Este enfoque, centrado en la negociación permanente y la contención del conflicto, ha reducido significativamente la intensidad de la movilización obrera en el conjunto del país.
El resultado no es únicamente una menor conflictividad, sino una desarticulación progresiva de la capacidad de presión de la clase trabajadora.
Desde una perspectiva estructural, esto ha generado tres efectos principales:
— Desplazamiento del conflicto: la lucha laboral se concentra en territorios específicos, en lugar de desplegarse de forma coordinada a nivel nacional.
— Desigualdad territorial: las condiciones laborales comienzan a divergir de forma significativa entre regiones.
— Debilitamiento de la conciencia de clase común: el trabajador deja de percibirse como parte de un sujeto colectivo estatal para integrarse en dinámicas fragmentadas.
La ruptura de clase: de sujeto nacional a mosaico territorial
El elemento central de esta situación no es la mayor o menor combatividad de unos sindicatos frente a otros, sino la ausencia de una estrategia de clase de alcance nacional.
Mientras en el País Vasco se desarrollan conflictos intensos con capacidad de incidencia real, en otras regiones del país la movilización permanece contenida o directamente inexistente. Esta asimetría no solo genera desigualdad material, sino que rompe la base misma de la acción colectiva.
La clase trabajadora deja de actuar como clase nacional para convertirse en una suma de realidades territoriales desconectadas.
En este contexto, las victorias locales —por significativas que sean— no se traducen en avances estructurales para el conjunto del país. Por el contrario, pueden contribuir involuntariamente a consolidar un modelo dual, donde existen espacios protegidos y otros expuestos a una mayor precariedad.
Una paradoja estructural: fuerza local, debilidad nacional
El caso del País Vasco ilustra una paradoja central del actual modelo sindical en España. Por un lado, demuestra que la confrontación organizada, sostenida y financiada puede alterar la correlación de fuerzas en favor de los trabajadores. Por otro, evidencia que sin una articulación nacional, esa fuerza queda limitada y no transforma el sistema en su conjunto.
La cuestión, por tanto, no es si el modelo vasco es eficaz —que lo es en su ámbito—, sino si su desarrollo aislado contribuye a reforzar o a debilitar la posición global de la clase trabajadora.
A día de hoy, los indicios apuntan a lo segundo.
Hacia una recomposición de la unidad de clase
La situación actual plantea un desafío de fondo: reconstruir una estrategia sindical que supere la fragmentación territorial y recupere la dimensión nacional de la lucha de clases.
Esto implica no solo revisar los modelos de concertación y confrontación, sino también rearticular un marco común de reivindicación y acción que permita elevar el nivel de derechos en todo el país, evitando la consolidación de desigualdades estructurales entre territorios. Sin esa recomposición, la dinámica actual tenderá a perpetuarse: conflictos intensos pero aislados, avances locales sin traducción general y una clase trabajadora progresivamente fragmentada.
