La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Consejo de Ministros invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para solicitar a la Fiscalía General del Estado que investigue los posibles delitos que podrían estar cometiendo las plataformas X, Meta y TikTok en relación con la creación y difusión de pornografía infantil mediante sistemas de inteligencia artificial.
En un mensaje difundido en la red social X, el jefe del Ejecutivo señaló que las citadas plataformas podrían estar incurriendo en conductas delictivas vinculadas al uso de herramientas de IA para la generación de contenidos ilícitos. Según afirmó, la iniciativa pretende que el Ministerio Fiscal determine si existen responsabilidades penales derivadas de estos hechos y si procede la apertura de diligencias.
Sánchez sostuvo que estas plataformas estarían afectando a la salud mental, la dignidad y los derechos de los menores, y añadió que “la impunidad de los gigantes debe acabar”. El anuncio se produce en el marco de una estrategia más amplia del Ejecutivo orientada a reforzar la protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital.
En intervenciones anteriores, el presidente del Gobierno ya había manifestado su intención de promover medidas regulatorias frente a lo que calificó como un entorno digital nocivo para los jóvenes. La solicitud a la Fiscalía abre la vía a una posible investigación penal sobre la actuación de estas compañías en territorio español.
La decisión ha generado un debate inmediato en el ámbito político y jurídico. Diversos representantes de la oposición han señalado como contradictorio que el presidente utilice activamente las mismas plataformas que ahora cuestiona para comunicar decisiones de Gobierno y mensajes institucionales. Desde estos sectores se sostiene que la iniciativa podría enmarcarse en un contexto más amplio de confrontación del Ejecutivo con determinadas redes sociales.
Algunos opositores han advertido de que la medida podría convertirse en un instrumento para ampliar el control regulatorio sobre el espacio digital, mientras que el Gobierno insiste en que la actuación se limita estrictamente a la persecución de delitos graves vinculados a la protección de menores. En ese sentido, el debate se ha desplazado hacia el equilibrio entre la lucha contra contenidos ilícitos y la garantía de la libertad de expresión en entornos digitales.
Por el momento, no se han detallado los hechos concretos que motivan la petición ni el alcance de las posibles diligencias que podría iniciar el Ministerio Público. Tampoco se ha informado de la reacción oficial de las empresas mencionadas.
