La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El sistema de protección de menores en Panamá atraviesa una nueva crisis tras las denuncias presentadas contra el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, administrado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). La diputada Alexandra Brenes formalizó el 6 de febrero una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación por presuntos delitos de abuso sexual, maltrato infantil y negligencia institucional.
El Ministerio Público abrió investigación de oficio.
Las denuncias
Tras una inspección realizada al centro, la diputada Brenes reportó:
- Convivencia de niños pequeños con adultos de hasta 28 años en los mismos espacios.
- Presunta existencia de un “cuarto de castigo”.
- Falta de personal idóneo.
- Condiciones de hacinamiento y supervisión insuficiente.
La denuncia incluye a la directora del Senniaf, Ana Fábrega, y otros funcionarios, bajo el argumento de que habrían recibido informes previos sobre irregularidades sin adoptar medidas correctivas.
Brenes solicitó la separación temporal de la directora mientras duren las investigaciones para garantizar la preservación de pruebas.
El papel de César Pérez
Un elemento clave del caso es el testimonio de César Pérez, exdirector nacional de Prevención del Senniaf y encargado del CAI de Tocumen. Según la diputada, Pérez habría advertido internamente sobre las irregularidades antes de ser destituido por “pérdida de confianza”.
El exfuncionario sostiene que existen correos e informes internos que demostrarían conocimiento previo de la situación por parte de la dirección.
La veracidad de estos documentos deberá ser determinada por la investigación judicial.
Reacción institucional
Ante la gravedad de las acusaciones:
- El Ministerio Público inició diligencias.
- Se aplicaron medidas de protección urgentes.
- La Asamblea Nacional citó a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, para rendir cuentas.
- Se anunció intervención técnica en el centro.
El caso revive el escándalo de 2021, cuando una comisión legislativa reveló abusos en múltiples albergues, generando promesas de reforma estructural que hoy vuelven a estar bajo cuestionamiento.
El contexto del Darién
Paralelamente, organizaciones humanitarias continúan denunciando violencia sexual contra inmigrantes en la ruta del Darién. Médicos Sin Fronteras ha documentado históricamente picos de agresiones sexuales, lo que añade presión sobre el sistema panameño de protección y respuesta institucional.
Lo que está en juego
Este caso no es solo una investigación penal: pone en el centro el modelo de protección estatal de la niñez en Panamá. ¿Estamos ante casos individuales… o ante un sistema que vuelve a fallar?
En 2021 Panamá prometió reformas tras un escándalo similar en albergues. Cinco años después, la crisis reaparece —esta vez en un centro estatal. La investigación debe determinar responsabilidades. La prioridad debe ser proteger a los menores, no proteger cargos. Cuando un niño bajo custodia estatal sufre, el problema no es privado: es institucional. Si se comprueban las denuncias, el problema no sería aislado, sino estructural. La investigación está en curso y, hasta el momento, no existen condenas ni imputaciones formales definitivas.
