La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El lunes 3 de febrero de 2026, un atentado tuvo lugar en el Establecimiento Carcelario El Bosque, ubicado en la ciudad de Barranquilla, dejando como saldo dos integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia heridos. Este hecho ha reactivado las alertas sobre la situación de seguridad que enfrentan los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y otros empleados del sistema penitenciario en Colombia.
Tras el ataque, la Defensoría del Pueblo llamó de manera urgente al Estado colombiano para implementar medidas efectivas y de carácter estructural que permitan proteger la vida, la integridad personal y la dignidad tanto de quienes trabajan en los centros de reclusión como de sus familias. La entidad advirtió que los familiares del personal se encuentran cada vez más expuestos a retaliaciones por parte de grupos criminales vinculados a las organizaciones delictivas presentes en el sistema carcelario.
Según la Defensoría del Pueblo, el atentado perpetrado en el centro penitenciario de Barranquilla no corresponde a un hecho aislado. En los últimos meses se han registrado una serie de agresiones consecutivas que afectan a funcionarios del Inpec y al personal administrativo en distintas regiones del país. Entre los antecedentes recientes figuran el asesinato del hijo menor de edad del director de un centro de mediana seguridad en Neiva en enero de 2026, la muerte posterior del subdirector de ese mismo establecimiento y el asesinato del director de la cárcel Modelo en mayo de 2024.
El aumento de episodios violentos dirigidos contra el personal penitenciario y administrativo ha sido objeto de preocupación por organismos de derechos humanos, que enfatizan la necesidad de fortalecer los protocolos de protección y la vigilancia en estas instituciones. Aunque las autoridades han anunciado investigaciones para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, persiste la demanda de políticas estatales que prevengan agresiones y garanticen condiciones de trabajo seguras para quienes laboran en el sistema penitenciario.
