La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La Comisión Europea ha presentado un borrador de revisión de la Ley de Ciberseguridad que contempla la retirada de proveedores calificados como de alto riesgo de las infraestructuras y servicios esenciales relacionados con la tecnología 5G en la Unión Europea. Este documento será discutido y evaluado por el Consejo y el Parlamento Europeo. Una vez aprobada la lista oficial de proveedores vetados, los Estados miembros dispondrán de un plazo de 36 meses para eliminar los componentes e infraestructuras afectados.
La propuesta busca reforzar la protección de las redes frente a posibles injerencias de países fuera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con especial atención a proveedores de origen chino, aunque no los menciona explícitamente. En España, el borrador afecta directamente a las operadoras de telecomunicaciones que mantienen acuerdos con compañías como Huawei y ZTE, cuya presencia es significativa en la red nacional 5G.
Según estimaciones internas del sector, la sustitución de estos equipos y servicios podría generar un coste para las operadoras españolas, como Vodafone, MasOrange y Telefónica, que varía entre 400 y 1.000 millones de euros, dependiendo de la extensión y los plazos para completar la sustitución.
La iniciativa de la Comisión Europea responde, teóricamente, al objetivo de mitigar riesgos para la seguridad de las comunicaciones estratégicas. España afirma que cumple la normativa vigente, aunque mantiene un 30% de exposición a componentes considerados de alto riesgo en su infraestructura 5G. La entrada en vigor de la medida está prevista para finales de 2026, tras concluir el proceso legislativo correspondiente.
El desarrollo de próximas fases de la red 5G europea dependerá del cumplimiento de esta normativa, lo que implica un cambio en la gestión de los sistemas críticos de telecomunicaciones en todos los países miembros.
