Juan Lacomba
(España) Editor de la Iberofonía, es licenciado en Derecho y en Relaciones Laborales. Sindicalista y delegado electo desde 2012, actualmente vicepresidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sagunto, Valencia. Es además formador y técnico superior en Salvamento y Socorrismo.
Aporta un profundo conocimiento del ámbito laboral, la negociación colectiva y las relaciones laborales en la administración pública.
La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) de El Salvador publicó este lunes un estudio actuarial del sistema de pensiones que advierte sobre un déficit creciente en el largo plazo y que servirá como base técnica para una nueva reforma previsional prevista para 2026, en el marco de los compromisos asumidos por el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El documento, de 14 páginas, presenta un diagnóstico del sistema vigente con información actualizada hasta 2024, además de proyecciones demográficas y financieras que se extienden hasta 2070. El análisis incluye tanto el sistema público como el privado, y evalúa la relación futura entre ingresos por cotizaciones y gastos por pago de pensiones.
Según el informe, al 31 de diciembre de 2024 el fondo de pensiones acumulado ascendía a 15.995,7 millones de dólares, de los cuales 8.216,8 millones eran administrados por AFP Confía y 7.779,0 millones por AFP Crecer. Del total del patrimonio, 11.564 millones de dólares, equivalentes al 73,02 %, se encontraban invertidos en títulos del Estado.
Las proyecciones actuariales indican que, para el período 2024-2070, el déficit estimado entre ingresos y gastos del sistema de pensiones alcanzará el 59 % del producto interno bruto (PIB). El estudio atribuye este resultado, principalmente, a la baja densidad de cotizaciones de los nuevos afiliados y al crecimiento sostenido de los compromisos previsionales, a medida que aumenta el número de personas jubiladas.
El informe aclara que esta estimación no incluye las cargas fiscales adicionales derivadas del pago de intereses y capital de la deuda previsional que se generaría en el tiempo, lo que podría ampliar las presiones financieras sobre el Estado.
Otro de los puntos señalados es la situación de la Cuenta de Garantía Solidaria, fondo desde el cual se pagan las pensiones mínimas. De acuerdo con el estudio, los activos de esta cuenta se agotarían hacia 2029, lo que incrementaría la necesidad de financiamiento adicional.
El documento también advierte sobre la situación de las cuentas individuales. “La evidencia sugiere que la cuenta individual de la mayoría de los jubilados de 2024 se agotaría en los próximos dos años”, indica el informe, lo que trasladaría una mayor carga financiera al fondo colectivo del sistema.
Como conclusión general, el estudio establece la necesidad de introducir cambios estructurales. “Estas estimaciones sugieren que será necesario buscar modificaciones en el sistema y/o fuentes de financiamiento adicionales para cumplir con los compromisos futuros del régimen de pensiones”, señala el texto oficial.
La presentación del estudio estaba prevista inicialmente para julio de 2025, pero fue postergada primero para septiembre y finalmente publicada en diciembre. Según lo previsto, el Gobierno de El Salvador y el FMI deberán trabajar durante 2026 en el diseño de una nueva reforma del sistema de pensiones, basada en los resultados de este análisis actuarial.
