La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
Las demoras en la ejecución de allanamientos y detenciones por parte de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú han sido determinantes para que Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, permanezcan al margen de la justicia en investigaciones por presuntos delitos de corrupción.
En los tres casos, las diligencias policiales se realizaron varios días —e incluso horas críticas— después de que el Poder Judicial autorizara los operativos, lo que permitió que los investigados no fueran ubicados al momento de las intervenciones.
El caso más reciente corresponde a Ciro Castillo Rojo, gobernador regional del Callao. El 5 de diciembre, el Poder Judicial atendió el pedido de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao para autorizar el allanamiento de su domicilio y dictar detención preliminar por 15 días. Cuatro días después, el 9 de diciembre, el juez Edie Solórzano declaró fundado el requerimiento y autorizó los allanamientos, detenciones y el levantamiento del secreto de las comunicaciones de 18 investigados en el marco del caso “Los Socios del Callao”.
Pese a contar con la orden judicial, la Dircocor ejecutó el operativo recién el 15 de diciembre, es decir, seis días después. Para entonces, Castillo Rojo no fue ubicado, y el inmueble intervenido se encontraba en proceso de remodelación, motivo por el cual la diligencia fue declarada infructuosa. El general Luis Lira, jefe de la circunscripción policial, atribuyó la demora a la elaboración del plan operativo y descartó filtraciones de información.
Según la tesis fiscal, Castillo habría liderado una presunta organización criminal en el Gobierno Regional del Callao y en el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed), mediante la cual se habrían direccionado 63 contratos por un monto aproximado de 1,4 millones de soles.
Un patrón similar se registró en el caso de Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín y líder de Perú Libre. Tras indicios de inteligencia que lo ubicaban en una vivienda de Huancayo, la Fiscalía solicitó el allanamiento el 14 de junio de 2024 a las 22:25 horas. El juez Wilder Camarena Madrid autorizó la diligencia a las 00:51 del 15 de junio, menos de tres horas después.
No obstante, el operativo policial se ejecutó recién a las 14:00 horas, es decir, más de 12 horas después de la autorización judicial. Para entonces, Cerrón ya no se encontraba en el inmueble, y solo fue detenido su exsecretario José Bendezú, sobre quien pesaba una orden de captura. El propio juez Camarena precisó que la demora no fue atribuible al Poder Judicial.
Cerrón se encuentra prófugo desde 2023, tras dictarse en su contra 36 meses de prisión preventiva por el caso Los Dinámicos del Centro. Aunque fue absuelto en marzo de 2025 en el caso Aeródromo Wanka, la medida de prisión preventiva continúa vigente.
En el caso de Óscar Acuña, hermano del líder de Alianza para el Progreso, la Fiscalía obtuvo la autorización judicial para allanamientos y detenciones preliminares el 14 de noviembre en el marco del caso Frigoinca, por presunto tráfico de influencias. Sin embargo, la Dircocor ejecutó la orden cinco días después, el 19 de noviembre, lo que permitió que Acuña fuera declarado no habido.
Acuña es investigado por la presunta recepción de 77.000 soles para influir en funcionarios regionales y favorecer a la empresa Frigoinca en procesos vinculados al programa Qali Warma. Aunque se solicitó prisión preventiva, esta fue declarada infundada.
Los tres casos evidencian retrasos operativos reiterados entre la autorización judicial y la ejecución policial, lo que ha tenido como consecuencia que figuras políticas investigadas por corrupción no hayan sido detenidas, prolongando su situación de inubicabilidad y manteniendo abiertas las investigaciones sin resultados coercitivos efectivos.
