Juan Lacomba
(España) Editor de la Iberofonía, es licenciado en Derecho y en Relaciones Laborales. Sindicalista y delegado electo desde 2012, actualmente vicepresidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sagunto, Valencia. Es además formador y técnico superior en Salvamento y Socorrismo.
Aporta un profundo conocimiento del ámbito laboral, la negociación colectiva y las relaciones laborales en la administración pública.
Brayan Palencia, colombiano de 28 años, pasó cuatro meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de El Salvador conocida por sus severos regímenes y denuncias de violaciones de derechos humanos. Fue uno de los más de 200 migrantes que Estados Unidos deportó al país centroamericano, bajo órdenes directas del entonces presidente Donald Trump, acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua. Palencia asegura que nunca tuvo relación con esa organización y que su detención fue un error basado en perfilamientos arbitrarios.
El joven había emigrado a Estados Unidos para sostener a su familia. Cruzó el Darién, atravesó México pagando sobornos y trabajó en oficios varios mientras esperaba una audiencia migratoria en California. En enero, cuando acudió a la cita para regularizar su estatus, agentes de migración lo esposaron sin explicación y lo trasladaron a un centro de detención en Calexico. Allí, junto a otros iberoamericanos, supo que lo vinculaban con pandillas solo por su nacionalidad y tatuajes comunes, un patrón de perfilamiento denunciado por organizaciones como la American Civil Liberties Union.
En marzo, las autoridades les prometieron deportación a Venezuela. En cambio, fueron enviados a El Salvador en un operativo coordinado entre Trump y el presidente Nayib Bukele bajo una antigua ley que permite expulsar “enemigos extranjeros” sin proceso judicial. Más de la mitad de los deportados no tenía antecedentes penales, según ONG humanitarias.
Palencia recuerda el shock al aterrizar y ver militares, antimotines y vehículos blindados. Fue trasladado entre golpes al Cecot, donde le raparon la cabeza y vistieron con uniforme blanco. Lo recibieron con amenazas: “Aquí nadie sale con vida”. La rutina incluía permanecer horas sentado en silencio, castigos por mínimos ruidos y agresiones físicas. Intentos de protesta—como una huelga de hambre y un motín—terminaron en gas pimienta, golpes con bolillos y heridas tratadas sin anestesia. Varios compañeros fueron impactados a quemarropa con balas de goma.
El colombiano también fue llevado a “la isla”, una zona de aislamiento y tortura. “Me golpearon hasta que me hice el desmayado”, relata. Su liberación llegó de madrugada, el 18 de julio, cuando un acuerdo entre Washington y Caracas permitió intercambiar a los más de 200 migrantes por presos venezolanos.
Hoy, de vuelta en Bogotá, intenta reconstruir su vida mientras lidia con secuelas físicas y emocionales. “Ser torturado cuatro meses siendo inocente es una pesadilla”, resume. Aun así, dice que, con papeles, volvería a EE UU, pero con una certeza: “Preso, nunca más”.
