Jaime Goig
(España) Presidente del Ateneo Iberófono Juan Latino, político, comunicador y escritor con amplia experiencia en medios (Onda Cero, El País…). Ha sido director de comunicación en varias empresas españolas y ha desarrollado proyectos en sectores donde compiten marcas como Apple o Google. Su trayectoria combina información, narrativa y producción audiovisual. Actualmente estudia diversas disciplinas en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Es editor en La Iberofonía.
El Gobierno de Colombia y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, alcanzaron un nuevo acuerdo dentro de las conversaciones que se desarrollan en Doha (Catar). El entendimiento establece la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Belén de Bajirá, Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba), que comenzarán a operar el 1 de marzo de 2026, pocos días antes del inicio del calendario electoral nacional.
El documento, firmado el 5 de diciembre, consolida un paquete de compromisos orientados a facilitar la desmovilización progresiva de combatientes y a preparar las condiciones para una presencia institucional reforzada en territorios afectados históricamente por la violencia. Según las partes, el objetivo es reducir la confrontación armada, garantizar seguridad a las comunidades y crear un entorno favorable para el desarrollo de políticas de estabilización territorial.
El acuerdo recibió el acompañamiento de España, Noruega y Suiza, así como de la MAPP/OEA, la Procuraduría General y las autoridades de Catar. La presencia de organismos internacionales busca asegurar verificación independiente, transparencia y cumplimiento de los compromisos adquiridos.
El eje central del documento es la puesta en marcha de las ZUT, donde se realizará un proceso escalonado de ubicación de integrantes del EGC. Para ello, se pondrán en marcha medidas administrativas, logísticas y de seguridad, así como protocolos de monitoreo, tránsito y resolución de controversias, que deberán quedar definidos entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. Los negociadores consideran que estas estructuras permitirán controlar los movimientos del grupo armado y facilitar el seguimiento internacional.
Otro punto destacado del acuerdo es el compromiso de desarrollar acciones humanitarias destinadas a verificar la salud, condiciones de dignidad y situación jurídica de miembros del EGC recluidos en cárceles nacionales y extranjeras. Esta medida forma parte de los mecanismos de desescalamiento previstos para avanzar hacia una fase de mayor distensión.
El texto también amplia el radio de acción para proyectos piloto de consolidación territorial, incorporando municipios de Córdoba, Chocó, Bolívar y Antioquia. Algunos de ellos ya figuraban en la Declaración del 18 de septiembre, mientras otros se integran ahora con el fin de reforzar una fase territorial más robusta, centrada en la reconstrucción de confianza con comunidades afectadas por décadas de presencia armada.
La MAPP/OEA asumirá la tarea de monitorear y verificar el cumplimiento del acuerdo, papel considerado clave para garantizar rigurosidad operativa y credibilidad institucional. Según las partes, la misión internacional permitirá ofrecer informes periódicos sobre avances, dificultades y ajustes necesarios.
El Gobierno colombiano sostiene que estos avances son coherentes con su política de paz negociada y desmovilización gradual, mientras diversos sectores políticos mantienen reservas sobre la viabilidad de los compromisos y su cercanía con el periodo electoral.
