Jaime Goig
(España) Presidente del Ateneo Iberófono Juan Latino, político, comunicador y escritor con amplia experiencia en medios (Onda Cero, El País…). Ha sido director de comunicación en varias empresas españolas y ha desarrollado proyectos en sectores donde compiten marcas como Apple o Google. Su trayectoria combina información, narrativa y producción audiovisual. Actualmente estudia diversas disciplinas en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Es editor en La Iberofonía.
Las autoridades de Puerto Rico ejecutaron esta semana el operativo “Impacto al Tirador”, una intervención a gran escala dirigida a vendedores de puntos de drogas en todo el territorio insular. La operación, coordinada por los negociados de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio, Armas Ilegales e Inteligencia Criminal, se desarrolló en 75 de los 78 municipios con el objetivo de frenar el repunte de asesinatos registrado en septiembre y octubre.
Hasta el mediodía del miércoles se habían arrestado a 107 personas de un total de 129 órdenes emitidas. Entre los detenidos figuran 118 hombres, ocho mujeres y tres adolescentes de entre 16 y 17 años, presuntamente implicados en ventas al detal de sustancias controladas. Las autoridades explicaron que en Puerto Rico pueden operar alrededor de 500 puntos de drogas, por lo que la intervención alcanzó una parte significativa de esta actividad ilegal.
En total se intervinieron 132 puntos, de los cuales 106 funcionaban como puestos de venta fijos a la vista del público y 26 operaban mediante la modalidad de entrega a domicilio. Las transacciones fueron documentadas por agentes encubiertos, muchos de ellas concertadas previamente a través de redes sociales, donde los vendedores enviaban la localización para recoger la mercancía.
El superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, afirmó durante una conferencia de prensa que “los puntos de drogas continúan siendo la raíz de la violencia que afecta a nuestra isla”, y aseguró que las fuerzas de seguridad mantendrán la presión sobre estas organizaciones. Según indicó, 72 de los detenidos tenían antecedentes por delitos graves como violencia doméstica, violaciones a la Ley de Armas, escalamiento, agresión agravada, maltrato a personas mayores y asesinato.
Entre los arrestados destacan dos figuras con presencia en redes sociales, identificados como Carlos Alberto Quiñonez Santiago (“Diamante”) y Labrue Stanley Saxton III (“Zafrito”), señalados por presunta venta de armas ilegales y drogas. También fue detenido Antonio Barreto Cruz, conocido criador de guacamayos en Orocovis, acusado de participar en una transacción de sustancias controladas, y Osvaldo “Negro” Nieves Casado, comerciante y propietario de un bar en Canóvanas.
Las autoridades intervinieron igualmente a Jesús Román Marrero, alias “Enrique”, que ya se encontraba a la espera de juicio por un asesinato ocurrido en 2024. Fue trasladado temporalmente para responder por cargos adicionales vinculados a hechos previos a su detención. En otro caso, agentes arrestaron a Carlos Aneudi Aguilar Arroyo, acusado de realizar ventas en presencia de un menor de dos o tres años. También fue detenido Carlos Joel González Trabal, alias “Bebo”, descrito como “runner” de una organización criminal activa en el residencial Sábalo Gardens, donde se habría documentado una transacción con un arma ilegal.
En el operativo se incautaron 24 armas ilegales —incluyendo rifles—, 336 “decks” de heroína, 23 bolsitas adicionales, más de mil cápsulas de crack y dos kilos de fentanilo. El coronel Jorge L. Luyando señaló que la retirada de estas armas tiene un impacto directo en la reducción de la violencia extrema asociada al narcotráfico.
Las fianzas fijadas ascienden en total a 35,6 millones de dólares en 220 denuncias por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas, la Ley de Armas, así como cargos por maltrato de menores. Los gastos operativos sumaron 91.246 dólares. Para la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, el resultado del operativo “representa un avance significativo contra el crimen organizado” y envía un mensaje sobre la determinación del Estado de sostener el orden público sin concesiones.
