Juan Lacomba
(España) Editor de la Iberofonía, es licenciado en Derecho y en Relaciones Laborales. Sindicalista y delegado electo desde 2012, actualmente vicepresidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sagunto, Valencia. Es además formador y técnico superior en Salvamento y Socorrismo.
Aporta un profundo conocimiento del ámbito laboral, la negociación colectiva y las relaciones laborales en la administración pública.
Más de 630.000 manifestantes tomaron este martes las calles de Manila, según datos de la Policía filipina, en la mayor movilización registrada en Filipinas en lo que va de año. La protesta, convocada por la Iglesia ni Cristo (INC) bajo el lema “Marcha por la Transparencia y por una Democracia Mejor”, denuncia el amplio caso de corrupción que afecta al presidente Ferdinand Marcos Jr. y a varios de sus aliados políticos.
Su portavoz, Edwil Zabala, aseguró que la marcha busca exigir “verdad y rendición de cuentas” y negó cualquier intención de desestabilizar al gobierno. “No estamos en contra del gobierno. No queremos derrocar al gobierno como institución”, afirmó ante los asistentes, en declaraciones recogidas por ABS-CBN.
De forma paralela, unas 45.000 personas se congregaron en el Monumento al Poder del Pueblo, en la ciudad de Quezón, convocadas por la Iniciativa Unida del Pueblo (IUP), organización integrada principalmente por militares retirados. La IUP instó al presidente a adoptar “medidas decididas e inmediatas” para restablecer la confianza ciudadana, aludiendo a que las acusaciones de corrupción “son demasiado detalladas para ignorarlas” y exigen una respuesta institucional clara.
Desde el Palacio de Malacañán, la Presidencia filipina confirmó que Marcos se mantuvo “siguiendo de cerca” el desarrollo de la protesta. Su portavoz, Dave Gómez, señaló que el mandatario está siendo informado constantemente de la situación.
El caso de corrupción gira en torno a una serie de proyectos de control de inundaciones, financiados con unos 9.000 millones de euros. La investigación oficial apunta a que contratistas privados se apropiaron de fondos públicos mediante “proyectos fantasma” y trabajos deficientes en varias regiones afectadas por los recientes tifones Kalmaegi y Fung-wong, que han dejado más de 250 fallecidos.
Actualmente, 37 senadores, diputados y empresarios se encuentran bajo investigación. Marcos ha prometido que los responsables estarán detenidos “antes de Navidad”, aunque la indignación social no ha remitido. La tensión aumentó la semana pasada cuando el congresista Zaldy Co, que abandonó el país tras ser señalado como sospechoso, publicó un vídeo en el que acusaba directamente al presidente de estar involucrado en la trama. El gobierno calificó estas declaraciones como “especulaciones”.
