Jaime
Un policía salvadoreño declaró haber participado en 97 homicidios entre 2015 y 2020 como parte de un escuadrón de la muerte que ejecutaba a presuntos pandilleros y otras víctimas. En su testimonio ante la Fiscalía, el agente —bajo el seudónimo “Horus”— señaló que el entonces alcalde Salvador Menéndez (hoy jefe municipal de La Paz Oeste y aliado político del presidente Nayib Bukele) pagó por al menos 36 asesinatos, habría facilitado armas y vehículos y señalado objetivos.
La declaración, que estuvo bajo reserva judicial durante años, salió a la luz junto con materiales de los llamados “Guacamaya Leaks” y fue publicada por medios internacionales en las últimas horas. El edil niega cualquier implicación; hasta ahora no ha sido citado por la Justicia. El País+1
El caso reabre el debate sobre ejecuciones extrajudiciales y responsabilidad política en el marco de la guerra contra las pandillas. Aunque tres policías fueron condenados en 2020 a 180 años de prisión, el nombre del alcalde no figuró en esa sentencia pese a ser citado 141 veces en la declaración del testigo, según la investigación periodística. Organizaciones de derechos humanos piden investigación independiente, acceso pleno al expediente y protección para testigos, en un país donde la política de régimen de excepción ha reducido drásticamente la tasa de homicidios pero ha provocado señalamientos por detenciones arbitrarias y opacidad judicial.
El Gobierno no ha emitido una posición oficial sobre estas revelaciones al cierre de esta edición. Analistas consultados señalan tres preguntas clave: i) trazabilidad de los presuntos pagos y logística; ii) cadena de mando en la Policía en la época de los hechos; y iii) eventuales encubrimientos que explicarían por qué el edil no fue imputado pese a la reiteración de su nombre. Más allá del impacto judicial, el escándalo se proyecta sobre el ecosistema político local —concentrado hoy en reformas constitucionales, financiación de partidos y control institucional— y puede presionar a la Fiscalía a pronunciarse.
En términos de seguridad, El Salvador mantiene indicadores bajos de homicidios a partir de 2022, según cifras oficiales, pero la discusión sobre métodos y rendición de cuentas sigue abierta.
