La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
Claudia Sheinbaum Pardo exigió al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, al gobierno estadounidense y al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, cumplir con las leyes mexicanas. La presidenta sostiene que la Academia Internacional de Capacitación Policial, impulsada por el gobierno panista con apoyo de agencias de Estados Unidos, no cuenta con la autorización que exige la legislación mexicana.
El origen de la disputa es un acto público: el 2 de octubre, Kuri y Johnson colocaron la primera piedra de la academia en el complejo de seguridad RHINO, en Querétaro. Al evento no fueron invitados ni la Secretaría de la Defensa, ni el Gabinete de Seguridad federal, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): solo acudió el embajador estadounidense. El secretario de Seguridad Ciudadana estatal, Iován Pérez, explicó que el centro recibirá «capacitación especializada» de agencias de Estados Unidos para instituciones mexicanas.
Según Sheinbaum, para que el proyecto avance, Querétaro debe tramitar la autorización del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG), órgano del Consejo de Seguridad Nacional, y de la SRE, conforme a los artículos 68 a 70 de la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución. La presidenta detalló que existen nueve proyectos de cooperación previamente autorizados entre Querétaro y agencias estadounidenses —ocho de la Fiscalía estatal y uno de Seguridad Ciudadana— por 4.6 millones de pesos, pero la nueva academia no figura entre ellos. Aclaró, no obstante, que no se opone a la cooperación internacional ni a la academia en sí, y reconoció que, «hasta ahora», no puede afirmarse que Kuri haya violado la ley, aunque considera necesario revisar el procedimiento.
La obra contempla una inversión superior a 30 millones de pesos, unos mil metros cuadrados construidos y su conclusión está prevista para enero de 2027. Se plantea como la primera instalación de este tipo en México y en el continente, orientada a capacitar policías en detección de drogas, armas, dinero ilícito y contrabando. Según la propia embajada estadounidense, desde 2015 ha capacitado a 4,732 integrantes de instituciones de seguridad y justicia del estado, con una inversión superior a los 10 millones de dólares en la última década.
Kuri respondió el 7 de octubre que el proyecto «se desarrollará conforme a la legislación mexicana y en coordinación con la Federación», que la colocación de la primera piedra fue un acto protocolario sin acuerdo firmado para el ingreso de agentes extranjeros, y que «nunca haría nada en contra de mi país». El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, habló con el gobernador para recordarle que existe un procedimiento legal para cualquier colaboración con agencias extranjeras; Kuri le aseguró que «no violará la Constitución».
El episodio reabre la tensión entre el gobierno federal de Morena y la oposición panista en los estados, en la antesala del proceso electoral de 2027, y se suma a otros desencuentros recientes entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, como la polémica por la participación de agentes de la CIA en un operativo antidrogas en Chihuahua en abril pasado. Expertos consultados por El Universal cuestionan, sin embargo, que se requiera autorización de la SRE para este tipo de capacitación policial y advierten que la soberanía nacional no debería usarse como herramienta de presión política contra un gobierno estatal de oposición.
