La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha escenificado un choque diplomático que terminó con el desmantelamiento de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental). El mandato de esta fuerza de paz, desplegada en 1991 para supervisar el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario y organizar una consulta de autodeterminación, expiró formalmente el 31 de octubre de 2026 sin que las grandes potencias alcanzaran un acuerdo para prorrogarlo.
La crisis se desencadenó cuando Rusia ejerció su derecho de veto contra un borrador de resolución impulsado por Estados Unidos. El texto estadounidense buscaba consolidar el plan de autonomía marroquí como «única base viable» para la negociación y retirar la palabra «referéndum» del nombre oficial de la misión, transformándola en un órgano puramente político. Washington respondió vetando a su vez la propuesta rusa de una prórroga técnica de un año para mantener los cascos azules desplegados, lo que forzó la liquidación definitiva de la MINURSO.
Mientras en las principales avenidas bajo administración marroquí se celebraba el fin de la intervención de la ONU, en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia) se izaron banderas rusas en señal de agradecimiento. Para el Frente Polisario, el veto de Moscú frenó lo que calificaron de intento de legitimar internacionalmente la ocupación marroquí del territorio.
Contexto: el Sáhara Occidental es, según la ONU, un territorio pendiente de descolonización desde que España cesó su administración colonial en 1975 sin completar un referéndum de autodeterminación. Los Acuerdos Tripartitos de Madrid, firmados ese año entre España, Marruecos y Mauritania, repartieron el territorio entre los dos últimos sin que la ONU reconociera validez jurídica a esa cesión. Marruecos controla desde entonces la mayor parte del territorio, mientras el Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática y mantiene su gobierno en el exilio en Tinduf.
Con la MINURSO disuelta, el conflicto regresa al marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en lo que distintas voces describen como la última colonia pendiente de resolver en África. El hecho interpela directamente a España, que según el derecho internacional continúa siendo la potencia administradora «de iure» del territorio, estatus del que nunca se desligó formalmente tras 1975. Activistas saharauis, entre ellos Taleb Alisalem, han reclamado al Gobierno español que asuma sus responsabilidades políticas y jurídicas pendientes. Alisalem ha denunciado: «Todavía existe una política neocolonial que cree que puede seguir repartiéndose naciones, oprimiendo a pueblos y saqueando sus recursos naturales. Lo hacen con arrogancia desde sus lujosos despachos, luego nos hablan de derechos humanos y legalidad internacional.»
Analistas de la región advierten de que la retirada de observadores internacionales elimina uno de los pocos mecanismos de contención sobre el terreno. Sin una postura firme de España que reoriente el conflicto hacia la legalidad internacional, el norte de África queda expuesto a un escenario de mayor incertidumbre, con el riesgo de una escalada entre Marruecos y el Polisario que hasta ahora la presencia de la ONU contribuía a contener.
