La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El 16 de octubre de 2025, la mayoría de los partidos políticos presentes en el Congreso de los Diputados de España rechazaron la sugerencia formulada por el magistrado Leopoldo Puente del Tribunal Supremo de considerar un mecanismo legal para retirar el acta parlamentaria al diputado José Luis Ábalos. La recomendación fue emitida en el auto de la libertad provisional para el exministro de Transportes, imputado por su presunta implicación en un caso de supuestas comisiones ilegales.
La propuesta generó una reacción unánime de rechazo en los principales partidos, incluidos el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, que consideraron la acción judicial como una intromisión en las funciones del Congreso. El diputado Patxi López expresó que la separación de poderes según la Constitución impide que el poder judicial modifique las competencias legislativas.
Al día siguiente, representantes de diversas formaciones afirmaron que deben protegerse los derechos constitucionales de diputados y electores al margen de las investigaciones judiciales. Aunque existen diferencias sobre el fondo del caso, coincidieron en rechazar que una instancia judicial dirija la organización interna del Congreso.
Portavoces parlamentarios recordaron precedentes en los que cargos públicos imputados continuaron en sus cargos sin intervención judicial similar. Tanto partidos de la coalición gobernante como de la oposición señalaron que cualquier medida sobre la titularidad del escaño debe aprobarla la normativa de las Cortes Generales, órgano con competencia constitucional para la actividad parlamentaria.
