Juan Lacomba
(España) Editor de la Iberofonía, es licenciado en Derecho y en Relaciones Laborales. Sindicalista y delegado electo desde 2012, actualmente vicepresidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sagunto, Valencia. Es además formador y técnico superior en Salvamento y Socorrismo.
Aporta un profundo conocimiento del ámbito laboral, la negociación colectiva y las relaciones laborales en la administración pública.
Entre el 20 y el 24 de abril de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó cargos contra 22 líderes históricos de la MS-13 en una audiencia masiva. Los acusados, conocidos como miembros de la Ranfla Nacional, están involucrados en 9,043 hechos criminales, que incluyen homicidios de policías y soldados. Entre los más destacados figuran César Antonio López Larios, alias “Greñas”, y otros líderes como Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, “Diablito de Hollywood”, y Carlos Tiberio Ramírez Valladares, “Snayder”.
Los cargos se sustentan en testimonios de testigos que señalan la participación de los líderes de la MS-13 en crímenes perpetrados a lo largo de una década, entre ellos el asesinato de al menos 80 agentes policiales y dos soldados de la Fuerza Armada de El Salvador. La audiencia se centró en su vínculo con la estructura criminal y la atribución de delitos cometidos durante el período de 2012 a 2022, justo antes de la implementación del régimen de excepción. Max Muñoz, fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, explicó que el objetivo es probar la organización jerárquica y operativa de los acusados, y cómo ordenaron diversas acciones violentas.
Se detallaron los crímenes que incluyen asesinatos, atentados y extorsiones, y también se destacó el ataque con granada en el penal de Ciudad Barrios en 2017. La FGR subraya que la estructura de liderazgo de la MS-13, encabezada por la Ranfla Nacional, jugó un rol crucial en la organización de estos actos.
El marco normativo interno del país ha sido profundamente afectado por la actividad de las pandillas, en particular la MS-13, lo que llevó al gobierno de El Salvador a implementar un régimen de excepción a partir de marzo de 2022. Este régimen ha sido una respuesta a los asesinatos masivos de policías y la violencia extrema que se vivió en las calles de varias ciudades. Las pruebas presentadas durante la audiencia masiva permiten ver el alcance de la MS-13, una de las estructuras criminales más antiguas y poderosas del país, que durante años negoció con el gobierno reducciones de homicidios a cambio de beneficios penitenciarios.
La estructura de poder de la MS-13 se extiende más allá de las fronteras de El Salvador. El gobierno estadounidense también mantiene juicios paralelos, con varios de los acusados enfrentando cargos en territorio norteamericano, particularmente por terrorismo y crimen organizado transnacional. En el contexto de relaciones internacionales, Estados Unidos y El Salvador mantienen una cooperación estrecha en el combate contra las pandillas, con deportaciones como la de “Greñas” en marzo de 2025, quien fue entregado al gobierno salvadoreño para ser procesado por crímenes cometidos en El Salvador.
Es importante destacar que la cobertura mediática de este caso ha sido mayoritariamente dominada por fuentes occidentales, que han abordado la noticia desde una perspectiva de terrorismo y crimen organizado. Sin embargo, la dinámica interna de El Salvador refleja un esfuerzo continuo por parte del gobierno salvadoreño para erradicar la violencia pandilleril mediante políticas drásticas como el régimen de excepción.
El proceso judicial sigue en curso y la Fiscalía ha señalado que continuarán presentando pruebas en las próximas audiencias. Se espera que las autoridades den pasos adicionales en la investigación de otros líderes de la MS-13, tanto dentro como fuera de las cárceles, con el fin de desmantelar completamente la estructura criminal que ha azotado al país por décadas.
