La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La Fiscalía de Chile decidió no continuar con la investigación sobre las filtraciones de antecedentes del caso Primus tras considerar insuficientes los antecedentes para formalizar a algún implicado. Esta resolución fue comunicada el 17 de diciembre por el fiscal regional Xavier Armendáriz al tribunal competente.
La investigación comenzó tras la querella presentada por Antonio Guzmán Neira, abogado formalizado en el caso, quien señaló filtraciones de su carpeta investigativa y apuntó al fiscal Felipe Sepúlveda como posible responsable. La acción legal detalló la existencia de 101 notas de prensa y 17 presuntas filtraciones al momento de su presentación.
En mayo de 2024, el abogado Juan Pablo Hermosilla asumió la representación de Guzmán Neira y solicitó nuevas diligencias, incluyendo un peritaje a los teléfonos personales e institucionales del fiscal Sepúlveda, enfocándose en comunicaciones con periodistas o medios desde el inicio de la investigación. Además, se pidió la entrega subsidiaria de la lista de contactos del fiscal y, como último recurso, la incautación parcial del teléfono.
Se requirió también que los fiscales Juan Pablo Araya, Lorena Parra y la abogada asistente María Jesús Venegas declaren sobre el uso y alcance del secreto de sumario en investigaciones de lavado de activos.
La petición de reapertura se basa en diligencias que, según la defensa, no fueron realizadas inicialmente por el Ministerio Público. También se propuso citar como testigo a un periodista para identificar posibles funcionarios públicos que habrían filtrado información reservada.
El Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago estableció el 9 de marzo la audiencia para decidir si la causa se cierra definitivamente o se reabre, determinando así los pasos judiciales siguientes en torno a las denuncias por filtraciones vinculadas al caso Primus.
