La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La Corte Constitucional de Colombia ha admitido una demanda presentada por la Agencia Nacional de Tierras, entidad encargada de la política de tierras en el país. La demanda fue presentada por Juan Felipe Harman Ortiz, director general de la Agencia. Esta acción legal cuestiona el Decreto Ley 902 de 2017, que establece los procedimientos para la restitución y adjudicación de tierras en Colombia.
La Agencia Nacional de Tierras argumenta que el Decreto Ley 902 de 2017 fragmenta el procedimiento único en dos fases: una administrativa y otra judicial, exigiendo que las decisiones de la agencia sean validadas posteriormente por la jurisdicción ordinaria. Según la institución, esta división genera retrasos importantes que afectan la implementación de la política de acceso a la tierra, que es un compromiso del Acuerdo de Paz firmado en 2016.
Al admitir esta demanda, la Corte Constitucional permitirá un análisis detallado del marco normativo vigente relacionado con el acceso y la redistribución de tierras. Se evaluará si la dualidad procedimental establecida en el decreto cumple con los principios constitucionales y con las metas de los acuerdos para resolver conflictos sobre la tenencia de tierra.
El proceso judicial posterior a la admisión incluye la presentación de argumentos por las partes involucradas y la valoración por parte de la Corte de la validez del Decreto Ley 902 de 2017, especialmente sobre su influencia en los tiempos y resultados de la reforma agraria. La decisión de la Corte tendrá implicaciones directas en la normativa actual y en la forma en que se garantiza el acceso a la tierra en Colombia.
