La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
Un nuevo y violento capítulo de conflicto territorial ha encendido las alarmas en el norte de Argentina. El pasado lunes 10 de agosto de 2026, las fuerzas de seguridad de la provincia de Jujuy ejecutaron una orden de desalojo contra la Comunidad Indígena de Santa Rosa, ubicada en el departamento de Humahuaca. El operativo, caracterizado por una fuerte represión policial que incluyó el uso de balas de goma, dejó un saldo de varios comuneros heridos y múltiples personas detenidas, desatando el repudio generalizado de organizaciones de derechos humanos en toda la región iberoamericana.
Durante el operativo, los agentes trasladaron a los miembros de la comunidad y despejaron el área conforme a la resolución judicial. La intervención incluyó el uso de equipos antidisturbios y generó momentos de tensión entre los policías y los ocupantes. Testigos informaron sobre incidentes durante el desalojo, no obstante, el gobierno provincial afirmó que la actuación fue ajustada a derecho.
La orden fue dictada por el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Jujuy, Juan Pablo Calderón. El fallo judicial pone en el centro de la escena internacional las crecientes tensiones entre el derecho civil de propiedad privada, los errores de la burocracia estatal y la protección constitucional de los pueblos originarios.
Las autoridades provinciales sostienen que la operación tuvo como objetivo cumplir la resolución judicial y garantizar el marco legal. En cambio, representantes de la comunidad Santa Rosa rechazaron la medida, alegando derechos históricos sobre las tierras y denunciando un supuesto uso excesivo de la fuerza. Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos solicitaron información sobre las condiciones del procedimiento y reclamaron respeto a los tratados internacionales suscritos por Argentina para la protección de pueblos originarios.
Desde la perspectiva de los defensores de los derechos humanos y los representantes de la comunidad, el desalojo carece de legitimidad y viola normativas jurídicas de máxima jerarquía:
- Contradicción con la Constitución Nacional Argentina: El fallo del juez Calderón colisiona frontalmente con el artículo 75, inciso 17 de la Carta Magna argentina. Este artículo reconoce explícitamente la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantizándoles la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan ancestralmente. Asimismo, establece que estas tierras son inalienables, inembargables e intransferibles, un mandato superior que invalida cualquier reclamo civil posterior.
- El origen del conflicto: Un error catastral reconocido: Diversas fuentes y comunidades vecinas (como la Comunidad de Chocoya) han denunciado que la causa judicial se basó en documentación viciada. La propia Dirección de Inmuebles provincial reconoció formalmente la existencia de un error técnico en los límites del plano catastral utilizado por la parte demandante. Pese a la advertencia de que los planos superponían propiedad privada sobre territorio comunitario real, la justicia decidió avanzar con el lanzamiento.
- Violación de Tratados Internacionales: Argentina es firmante del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este tratado de rango supralegal obliga al Estado a realizar procesos de consulta previa, libre e informada antes de tomar cualquier medida que afecte los territorios indígenas, un paso que fue omitido en este procedimiento.
Un escenario agravado por el fin de la emergencia territorial
Este desalojo en Humahuaca no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un viraje institucional a nivel nacional. A fines de 2024, el Poder Ejecutivo argentino dictó el DNU 1083/2024, el cual dio por finalizada la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena. Dicha ley funcionaba como un escudo legal que suspendía de forma generalizada todos los desalojos de comunidades originarias en el país. Su caída ha dejado una “ventana legal” que los tribunales provinciales están utilizando para reactivar demandas civiles de particulares y terratenientes.
Los hechos ocurridos en la Comunidad Santa Rosa exponen las contradicciones entre las leyes de fondo de los Estados y la aplicación de la justicia cotidiana en los territorios. Desde el espacio de la Iberofonía, la vulneración de los derechos de las comunidades preexistentes representa un retroceso en la consolidación de sociedades multiculturales y democráticas. La protección de la tierra ancestral y el respeto al bloque de constitucionalidad deben prevalecer frente a los errores burocráticos y los intereses del mercado inmobiliario.
