La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El Tribunal Supremo Popular de Cuba ofreció este lunes una actualización sobre el proceso de implementación del Código de las Familias, luego de tres años de su aprobación. La conferencia de prensa, celebrada en la sede de dicho tribunal, contó con la intervención de Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, quien detalló los principales elementos que caracterizan la aplicación de esta norma dentro del sistema judicial cubano.
Durante el evento, Rubén Remigio Ferro señaló que el proceso ha involucrado un acompañamiento a instituciones relacionadas con asuntos familiares, abordando los diversos conflictos que pueden originarse en ese entorno. Asimismo, se han desarrollado actividades formativas y encuentros informativos para sectores sociales y la ciudadanía, orientados a la aclaración de interrogantes sobre las disposiciones y novedades presentes en el Código de las Familias. El presidente del tribunal indicó que el sistema judicial desempeña un papel fundamental en asegurar la aplicación de los estatutos establecidos por la normativa.
Yomays Olivarez Gainza, presidente de la Sala Civil, Familiar y Administrativa del Tribunal Supremo Popular, expuso que alrededor del 75 por ciento de los asuntos de familia tratados por los tribunales corresponden a procesos de divorcio. Según datos citados de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, este fenómeno mantiene altos índices en el país. Dentro de los procesos de divorcio, el 25 por ciento resulta resuelto de mutuo acuerdo y, aunque es posible recurrir a instancias notariales, muchas solicitudes se presentan directamente ante los tribunales.
El texto legal ha introducido cambios en la resolución de cuestiones sobre la guarda y cuidado de hijos menores, extendiéndose a niños nacidos fuera del matrimonio para eliminar actos discriminatorios. Además, el Código establece en casos de disolución matrimonial mecanismos de compensación económica que evitan situaciones desventajosas para una de las partes. Las autoridades subrayaron la importancia de continuar con la capacitación de actores institucionales y de la población en general para responder a las inquietudes en la interpretación y aplicación de la ley.
