La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
En el presente texto, abordamos la situación actual del Sáhara Occidental como el resultado de un proceso colonial inconcluso cuyo hito fundacional fue la Marcha Verde de 1975. A partir de este suceso, y tal como se argumentará en este ensayo, la ocupación militar marroquí no se ha limitado a una administración de facto, sino que ha desplegado una política sistemática orientada a expulsar a los saharauis de su territorio, a través de la represión y el genocidio. Marruecos ocupa en la actualidad entre el 75% y el 80% del territorio del Sáhara Occidental, mientras que el resto permanece bajo control del Frente Polisario en la llamada zona liberada, al este del muro. Como consecuencia de la invasión y la represión posterior, una parte muy significativa del pueblo saharaui vive hoy en el exilio: los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) albergan, según el censo de ACNUR, más de 173.600 personas, cifra que se eleva por encima de las 200.000 si se suman los saharauis refugiados en Mauritania y la diáspora residente en España y otros países.
En este sentido, las evidencias recabadas por la Audiencia Nacional española en 2015 y por organizaciones como CODESA documentan, entre 1975 y la actualidad, un ataque sistemático contra la población civil que incluyó bombardeos con napalm y fósforo blanco, cuando España aún permanecía en el territorio, desplazamientos forzados y desapariciones, todo ello con el objetivo declarado de allanar el camino para la anexión territorial. Ahora bien, lejos de haber cesado, en la actualidad esa estrategia de tierra quemada ha mutado hacia mecanismos de represión estructural: demoliciones masivas de viviendas, encarcelamiento de activistas y periodistas, uso de drones armados contra civiles, y la alteración demográfica mediante el asentamiento de colonos, todo ello bajo el control absoluto de los recursos naturales.
Por todo ello, en las líneas que siguen se sostendrá que estas acciones, en su conjunto, configuran una estrategia de Estado deliberada para anular la voluntad de autodeterminación del pueblo saharaui a través de la violencia persistente y la violación continuada de los derechos humanos, lo que constituye el eje central del análisis que aquí se presenta.
Para comenzar nuestro análisis tenemos que contextualizar cómo comenzó todo. El primer paso de la dinastía marroquí fue la Marcha Verde, un evento significativo en la historia del Sáhara Occidental que tuvo comienzo el 6 de noviembre de 1975. Bajo el liderazgo del rey Hassan II, miles de civiles marroquíes invadieron la provincia española del Sáhara Occidental para forzar la decisión de España de abandonar el territorio; la invasión fue apoyada por Marruecos y la CIA como primer paso para el control del Sáhara por parte de Marruecos, estableciendo miles de colonos en el territorio a colonizar.
Todo esto lo pudo planificar el rey porque Marruecos funciona como un sistema personalista y con rasgos autocráticos, donde la monarquía no opera como una institución sujeta a reglas, sino según la voluntad personal y los intereses estratégicos del monarca. Como señala este análisis sobre la transición política marroquí, el régimen configurado por Hassan II constituye un modelo típico de monarquía autocrática en el que el rey concentra los principales poderes y los ejerce de forma personal o a través de su entorno de confianza, el majzen. El rey acumula un poder inmenso: es jefe de las Fuerzas Armadas, máxima autoridad judicial y jefe espiritual, lo que le otorga un control absoluto sobre los resortes del Estado. Además, el artículo 179 del código penal marroquí castiga con prisión (de 3 meses a 2 años) y multas (de 10.000 a 200.000 dirhams) la difamación, injuria u ofensa contra el Rey, el Heredero o los miembros de la familia real, estableciendo sanciones más severas para el monarca y el príncipe heredero, penas que se duplican cuando el delito se comete mediante cualquier medio de publicidad, incluidos los soportes electrónicos, impresos y audiovisuales.
Entendiendo este contexto tras la Marcha Verde, el Sáhara solo ha sufrido asedio y represión por parte de la dinastía marroquí. Según el informe de CODESA publicado en noviembre de 2025 con motivo del 50º aniversario de la ocupación —“Western Sahara: The Final Test of the Credibility of the United Nations System”—, Marruecos ha cometido en el Sáhara Occidental un catálogo de violaciones de derechos humanos que la propia organización tipifica como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y actos de genocidio. El informe documenta, a lo largo de tres períodos (1975–2007, 2007–2020 y 2020–2025), un total de 38.041 violaciones, entre las que se incluyen 317 ejecuciones extrajudiciales, 390 desapariciones forzadas de larga duración, más de 8.100 jóvenes saharauis desplazados forzosamente hacia el interior de Marruecos, y 636 víctimas de minas terrestres. CODESA advierte, no obstante, que estas cifras son parciales y preliminares, dadas las restricciones que la propia ocupación impone a la labor de documentación de la organización.
La represión incluye bombardeos sistemáticos con napalm y fósforo blanco contra civiles (como los ataques a los campamentos de refugiados de Um Dreiga, Mahbes y Tifariti en 1976, que causaron cientos de muertos entre mujeres y niños), ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas —incluyendo el caso de Sultana Khaya, a quien arrancaron un ojo en 2008 y atacaron el otro en 2021—, y torturas generalizadas con violaciones sexuales, palizas y confesiones arrancadas bajo coacción, como las sufridas por los presos del caso Gdeim Izik, condenados a cadena perpetua por tribunales militares sin garantías. Además, Marruecos ha practicado el envenenamiento de pozos y la destrucción de cosechas y ganado para forzar el desplazamiento de la población rural, ha demolido viviendas sin previo aviso y ha confiscado tierras mediante un proceso de “registro” fraudulento para asentar a colonos marroquíes, violando el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra.
Por otra parte, ocho relatores especiales de la ONU denunciaron en 2025 una operación de adquisición de tierras a gran escala a lo largo de la costa del Sáhara Occidental, con 79 víctimas documentadas como casos de referencia. Esta operación implicó la destrucción de propiedades privadas —chozas y casas saharauis cercanas al mar, en zonas como Lamside, Agte Baba Ali, Boulemaayrdat y Foum El Oued— y desalojos forzosos para despejar la zona para proyectos de energía eólica, hidrógeno verde y turismo. Western Sahara Resource Watch ha documentado cómo estos proyectos de energía renovable avanzan pese a las advertencias de que no están exentos del derecho internacional. La ocupación también ha saqueado los recursos naturales —fosfatos, pesca, energía renovable y agricultura— generando beneficios para empresas europeas y marroquíes, a pesar de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE que declaran ilegal cualquier explotación sin el consentimiento del pueblo saharaui.
La represión se extiende a la prohibición de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. El Country Page de Human Rights Watch sobre Marruecos y el Sáhara Occidental documenta cómo las autoridades marroquíes siguen acosando a los activistas que apoyan la autodeterminación saharaui, impidiendo reuniones y obstruyendo el trabajo de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos locales. Marruecos también ha utilizado drones armados contra civiles desarmados en zonas fronterizas, y ha impedido el acceso de observadores internacionales y de la propia MINURSO para ocultar estas violaciones. Todo ello se ha ejecutado con amplia impunidad, mientras que la comunidad internacional —en particular España, Francia y EE. UU.— ha priorizado sus intereses geopolíticos y económicos, otorgando cobertura a la ocupación y bloqueando mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
En el inhóspito corazón del desierto del Sáhara Occidental se alza una de las construcciones militares más largas y letales del mundo: el llamado “muro de la vergüenza”, conocido por los saharauis como Al Yidar. Se trata de una barrera defensiva de más de 2.700 kilómetros de longitud, compuesta por un conjunto de muros superpuestos que el Reino de Marruecos fue levantando progresivamente entre 1980 y 1987. Su propósito era doble: proteger el territorio que Marruecos había ocupado y anexionado del avance del Frente Polisario, e impedir el retorno de los miles de refugiados saharauis que habían huido a los campamentos de Tinduf.
El muro no es una simple pared de arena. Es una formidable zona militarizada que incluye terraplenes, búnkeres, alambre de espino, fosos, radares de largo alcance y está defendida por más de 130.000 soldados marroquíes con artillería pesada y aviación. Pero su componente más despiadado es el de las minas terrestres que lo flanquean. Según estimaciones de la ONU y del propio Pentágono recogidas por Público, hay sembradas entre siete y diez millones de minas antipersona y anticarro a ambos lados de la barrera, lo que convierte al Sáhara Occidental en uno de los territorios más contaminados por minas del mundo. Desde 1975, más de 2.500 personas han resultado heridas, mutiladas o han perdido la vida a causa de estos explosivos, en su mayoría nómadas, pastores y niños que confunden los pequeños artefactos con juguetes.
Cuando hablamos de genocidio, siempre podemos encontrar un patrón: el encarcelamiento de periodistas y activistas. Según el Informe Mundial 2024 de Human Rights Watch, varios periodistas y activistas de alto perfil fueron encarcelados en aparente represalia por sus críticas a la monarquía, entre ellos Omar Radi (6 años), Soulaiman Raissouni (5 años) y Taoufik Bouachrine (15 años). El propio informe documenta el caso del abogado y ex ministro de Derechos Humanos Mohamed Ziane, condenado en 2025 a tres años de prisión tras un proceso que Amnistía Internacional considera vulnera su derecho a la libertad de expresión en al menos seis de los once cargos presentados contra él. A pesar de contar formalmente con un sistema de libertad de prensa que no prevé penas de prisión, las autoridades siguen recurriendo a los artículos del código penal para encarcelar a los críticos: el artículo 267.5 tipifica como delito, con penas de 2 a 5 años, decir públicamente que el Sáhara debe ser libre; el artículo 190 castiga con reclusión de cinco a veinte años (o pena de muerte en tiempo de guerra) a quien atente contra la integridad territorial marroquí.
En este ensayo no pretendemos demostrar la existencia de un genocidio por devenir divino, sino que se apoya en una base judicial concreta. En España, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz procesó en 2015 a once altos cargos militares y policiales marroquíes por un presunto delito de genocidio en el Sáhara Occidental, en concurso con detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada, cometidos entre 1975 y 1992, poniendo a siete de ellos en situación de busca y captura. El “hecho fundamental” señalado en el auto judicial fue el hallazgo en 2013 de una fosa común en Amgala con ocho cadáveres identificados por ADN, corroborado por los testimonios de diecinueve víctimas directas. El caso sigue abierto pero estancado: los delitos han topado con la prescripción y la falta de cooperación de Marruecos ha imposibilitado las detenciones, aunque en noviembre de 2024 se produjo un avance al procesar al militar Lehsan Chaf Yeudan por tortura en el marco del mismo caso, ordenándose su busca y captura.
Esto no es todo, ya que Marruecos mató con un dron al miembro más joven del secretariado nacional del Frente Polisario, Lehbib Mohamed Abdelaziz, hijo del histórico dirigente Mohamed Abdelaziz, además de a dos combatientes de la brigada saharaui que lo acompañaban, en un ataque ocurrido mientras el enviado de la ONU, Staffan de Mistura, visitaba los campamentos de refugiados de Tinduf. Este ataque sucede porque, aun bajando la intensidad del conflicto, el plan de anexionarse el territorio bajo cualquier medio no está finalizado.
A continuación me gustaría comentar un artículo de Héctor Bujari Santorum donde el autor sostiene que la propuesta de ley de nacionalización saharaui impulsada por Más Madrid no es una genuina medida reparadora, sino un espejismo legal y moral que terminaría perjudicando gravemente al pueblo saharaui. El autor alerta, en primer lugar, sobre el alto riesgo de fraude documental, ya que la ocupación marroquí dejó a su paso libros de familia en blanco y matasellos oficiales abandonados, lo que facilitaría la infiltración de colonos marroquíes haciéndose pasar por saharauis para obtener la nacionalidad española y, con ello, boicotear el censo de la ONU y el futuro proceso de autodeterminación. Además, denuncia que la ley es discriminatoria porque está diseñada exclusivamente para la diáspora y su vía es discrecional, lo que generará falsas expectativas en los campamentos de refugiados y empujará a muchos a arriesgar su vida en patera, mientras que la verdadera solución pasaría por derogar las leyes españolas de 1975 y 1976 que entregaron la administración del territorio a Marruecos.
Bujari recurre al pensamiento de Frantz Fanon para argumentar que esta iniciativa encarna la lógica colonial de ofrecer migajas individuales, como un pasaporte, para fragmentar la identidad colectiva y desmovilizar la lucha comunitaria, validando así la autoridad del opresor en lugar de romper el marco colonial. Critica duramente que programas como Vacaciones en Paz estén siendo instrumentalizados como vías de regularización, lo que considera un desarraigo y una victoria para quien quiere vaciar el territorio de resistencia. Finalmente, aplica el principio de cui prodest para señalar que la ley beneficia tanto a Marruecos, al facilitar la sustitución demográfica y el bloqueo del censo, como a los sectores más corruptos del exilio, que podrían lucrarse con un mercado negro de certificados de origen. En consecuencia, el autor concluye que todo aquel que realmente apoye la causa saharaui tiene el deber moral de votar en contra de esta ley.
A pesar de que Marruecos es el país del norte de África donde se han producido más manifestaciones populares contra la invasión de Gaza, las autoridades siguen fortaleciendo los lazos militares con Israel, aunque ahora con más discreción. La alianza entre Marruecos e Israel, respaldada por el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, se ha convertido en una asociación estratégica que abarca las esferas económica, militar y de vigilancia. En el plano militar, ambos países firmaron en 2021 su primer memorando de entendimiento en defensa y, más recientemente, un plan de trabajo conjunto, con Marruecos adquiriendo sistemas de defensa aérea como el Barak MX, misiles, radares y drones israelíes como el Hermes 900 y el Harop. El aspecto más crítico es la cooperación en vigilancia: en 2024, Marruecos adquirió a la empresa israelí Israel Aerospace Industries dos satélites espía Ofek-13 por unos 925 millones de euros, lo que le permite vigilar de forma permanente al Frente Polisario, a Argelia y, de rebote, al Estrecho de Gibraltar y a España.
En último lugar hay que recordar Pegasus, el software espía desarrollado por la empresa israelí NSO Group, diseñado para infiltrarse en dispositivos móviles y recopilar información de manera secreta. El núcleo de las acusaciones se originó en 2021 con el “Proyecto Pegasus”, un consorcio periodístico que filtró una lista de números de teléfono seleccionados como objetivos potenciales por clientes de NSO, entre los que se señaló a Marruecos como responsable de haber marcado cientos de números españoles, incluidos los del presidente Pedro Sánchez y de sus ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, cuyos teléfonos fueron infectados entre 2020 y 2021, según confirmó el propio gobierno español. La implicación marroquí se ha visto reforzada por informes de Amnistía Internacional que documentaron ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas críticos con el régimen, como Omar Radi y Maati Monjib, así como por la conclusión de una misión del Parlamento Europeo que consideró “plausible” que Marruecos estuviera detrás del espionaje.
Nota metodológica: las cifras de violaciones de derechos humanos citadas en este ensayo proceden del informe de CODESA “Western Sahara: The Final Test of the Credibility of the United Nations System” (noviembre de 2025), cuya propia organización advierte de su carácter parcial dada la represión que limita su capacidad de documentación. La cifra de población saharaui en el exilio se basa en el censo de ACNUR de 2018 (Tinduf) y en estimaciones demográficas complementarias sobre la diáspora en Mauritania y España; no existe un censo unificado y verificado por terceros de la población saharaui total, en parte porque Argelia ha obstaculizado repetidamente su elaboración.
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