La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas expresó su preocupación después de que la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República del Perú debatiese un dictamen para ampliar por dos años la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera y reincorporar a operadores mineros previamente excluidos. La propuesta legislativa busca extender el período de formalización para los mineros informales que estaban fuera del sistema, con la posibilidad de retomar actividades.
Según la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, las prórrogas anteriores del Registro Integral de Formalización Minera no promovieron una formalización genuina, sino que habrían facilitado la continuidad de operaciones vinculadas a actividades no reguladas, las cuales generan impactos sociales, ambientales y económicos significativos.
El dictamen podría afectar la seguridad nacional y las condiciones laborales de los trabajadores en la minería informal. La Confederación señala una relación directa entre la minería ilegal y delitos como la trata de personas, el lavado de activos y la deforestación. Además, estos trabajadores permanecen en condiciones precarias sin acceso a seguridad social ni a medidas de protección frente a riesgos profesionales.
El gremio empresarial advierte que estas medidas legislativas podrían disminuir la credibilidad institucional al crear incertidumbre sobre las inversiones y la supervisión estatal de la actividad minera. Por último, la organización concluye que una extensión injustificada del registro para operadores informales podría representar un retroceso en la lucha contra la ilegalidad y el fortalecimiento de prácticas que afectan diversos sectores sociales y económicos del Perú.
