La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El Congreso de los Diputados debatirá y votará la próxima semana la senda de déficit fiscal para los próximos años y el incremento salarial acordado para los empleados públicos, tras un pacto entre el Gobierno y organizaciones sindicales. Esta decisión se produce luego de que la Cámara rechazara previamente la propuesta sobre el déficit, la cual fue aprobada nuevamente por el Consejo de Ministros en su última reunión.
La Junta de Portavoces del Congreso ha incluido en el orden del día la aprobación de un decreto ley que modifica el calendario para la implantación obligatoria de la facturación electrónica en pequeñas y medianas empresas y autónomos, retrasando su entrada en vigor hasta 2027. El decreto también permite que los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas utilicen el superávit generado en 2024 para realizar inversiones sostenibles hasta 2027. Esta medida responde en parte a negociaciones políticas entre el Gobierno central y formaciones parlamentarias para obtener apoyos en otras votaciones.
La próxima sesión plenaria, única prevista en diciembre por la campaña electoral en Extremadura y las festividades de fin de año, se empleará para tramitar y ratificar los decretos leyes aprobados recientemente por el Consejo de Ministros. Estos decretos entran en vigor provisionalmente tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado y requieren la convalidación del Congreso en un plazo máximo de un mes para mantener su vigencia.
Algunos grupos parlamentarios han planteado dudas sobre la rapidez con que el Ejecutivo ha impulsado estos asuntos, cuestionando los plazos y el margen de debate parlamentario antes del receso navideño. El debate incluirá igualmente un paquete legislativo para flexibilizar inversiones de entes locales y mejorar la digitalización de procesos administrativos en el ámbito empresarial, aspectos vinculados a acuerdos entre el Gobierno y varios interlocutores políticos y sociales.
