La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El 5 de enero de 2026, representantes de la Coalición Cívica y del Partido Socialista presentaron un recurso de amparo ante la Justicia argentina contra un Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el Poder Ejecutivo. El decreto otorga a agentes de la Secretaría de Inteligencia la facultad para detener ciudadanos.
Los diputados Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón solicitaron que se declare la inconstitucionalidad del decreto, argumentando que viola el principio de reserva de ley, la división de poderes y la doctrina nacional e internacional sobre inteligencia y derechos ciudadanos.
Según la presentación judicial, los legisladores de la oposición sostienen que el decreto no justifica adecuadamente la urgencia requerida para su emisión y que introduce cambios en materia penal y procesal penal, competencias exclusivas del Congreso de la Nación. Expresaron además que la medida podría promover una visión de sospecha generalizada sobre los ciudadanos.
El Club Político Argentino emitió un comunicado señalando su preocupación ante la ampliación por decreto de las facultades de la Secretaría de Inteligencia. El organismo destacó la necesidad de una política de inteligencia consensuada por el Parlamento y mencionó los antecedentes históricos argentinos en este ámbito. También advirtió sobre los riesgos de vulnerar garantías constitucionales con medidas excepcionales.
El decreto se dictó en un contexto de debates políticos internos y de repercusiones internacionales tras pronunciamientos de gobiernos de países vecinos en temas similares. En las últimas horas, la administración nacional respondió a comunicaciones de mandatarios extranjeros sobre procedimientos de detención y protección de derechos fundamentales en la región.
