La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, adhirió a una declaración conjunta de 15 países que cuestiona la “sobrecapacidad estructural” y la “producción excesiva” en sectores manufactureros clave, en un texto que no nombra a China pero que apunta claramente a sus políticas industriales.
La noticia fue difundida por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés). Además de Argentina y Estados Unidos, firmaron Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Polonia, Turquía y el Reino Unido.
El texto surgió de las discusiones en la reunión de ministros de Comercio del G20 realizada entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre en Milwaukee, Wisconsin, bajo presidencia de Washington, y se firmó formalmente en los márgenes de una reunión del Comité de Comercio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). En Milwaukee no hubo consenso de todo el bloque sobre este asunto: el único documento conjunto del G20 completo fue uno que rechazó el uso del comercio de alimentos como herramienta de presión política.
El documento firmado por Argentina sostiene que la sobreoferta “distorsiona los precios internacionales, desalienta nuevas inversiones y castiga el empleo local”, y pone el foco en sectores como vehículos eléctricos, baterías, productos químicos, semiconductores básicos y paneles solares. Según el texto, la concentración de la producción en un solo país aumenta la dependencia de sus socios comerciales y los vuelve más vulnerables a la coerción económica, incluidas restricciones arbitrarias a las exportaciones.
Los firmantes acordaron crear plataformas de trabajo técnico por sector junto con la OCDE, con el objetivo de acordar antes de diciembre de 2026 términos de referencia e intercambiar información sobre la sobrecapacidad. Entre los miembros del G20 que no firmaron figuran China, Brasil, Indonesia, Rusia, Arabia Saudita y Sudáfrica, lo que evidencia una fractura dentro del bloque.
Argentina, junto con Estados Unidos y México, firmó además una segunda declaración —separada de la anterior— para retirar de las cadenas globales de suministro los bienes elaborados con trabajo forzoso, tras no lograrse consenso del G20 en ese punto. Esa declaración plantea que la Organización Mundial del Comercio (OMC) abra discusiones específicas sobre el impacto de esta práctica.
El debate sobre sobrecapacidad no es nuevo: el G20 ya lo había planteado en 2016, cuando reconoció que los subsidios y el respaldo estatal podían distorsionar los mercados globales. La adhesión argentina se produce en el marco del acercamiento estratégico de Milei hacia Washington, en plena tensión comercial prolongada entre Estados Unidos y China por sectores tecnológicos y energéticos.
El acuerdo no implica, por ahora, aranceles ni sanciones comerciales inmediatas: el compromiso se limita a mesas técnicas con la OCDE. Pero la división que marca dentro del G20 —con China y Brasil, dos de los principales socios comerciales de Argentina, fuera de la declaración— abre un interrogante sobre el margen de maniobra que tendrá Buenos Aires para sostener ese alineamiento sin tensar sus vínculos comerciales con Pekín y Brasilia.
