La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas se reunió en Nueva York para discutir la política de sanciones económicas, comerciales y financieras impuesta por el Gobierno de los Estados Unidos de América al Gobierno de la República de Cuba. En el debate participaron delegaciones de diversos países, así como representantes del Gobierno de Estados Unidos y del Gobierno de Cuba.
El representante del Gobierno de Estados Unidos defendió la continuidad de las sanciones en el marco de su política exterior. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, expresó el rechazo de su país a estas medidas y señaló el impacto económico significativo para la población cubana. Durante la sesión, otros gobiernos expresaron sus opiniones sobre el impacto regional e internacional de la política estadounidense.
El Gobierno de la República de Cuba presentó documentos en los que se indica que el monto de los daños económicos directos e indirectos derivados de las sanciones ha aumentado anualmente, alcanzando más de 629 millones de dólares por mes y superando varios miles de millones en total acumulado. Según Cuba, estas medidas limitan el desarrollo económico y dificultan la compra de productos, bienes y servicios esenciales, afectando sectores como salud, educación y comercio internacional.
Varias delegaciones regionales y grupos de países solicitaron durante el debate una revisión de la política de sanciones estadounidense, proponiendo que las relaciones comerciales se ajusten a los principios del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas. La Asamblea General celebrará hoy una votación sobre la resolución, no vinculante, que recomienda el levantamiento de las medidas restrictivas.
En votaciones anteriores, la mayoría de los Estados miembros manifestaron su oposición a la continuidad de la política de sanciones. La votación actual definirá la posición formal de los Estados ante la política de Estados Unidos hacia Cuba.
