Jaime
La Unión Europea y el Reino de Marruecos alcanzaron un nuevo acuerdo agrícola y pesquero que incorpora productos procedentes del Sáhara Occidental bajo un sistema de etiquetado específico, con el fin de adaptar las exportaciones al marco jurídico establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El pacto, anunciado en Bruselas tras varios meses de negociaciones técnicas, autoriza la comercialización de bienes agrícolas —como tomates, melones y productos pesqueros— originarios de las regiones de Laayoune-Sakia El Hamra y Dakhla-Oued Eddahab, siempre que se identifiquen con denominaciones propias que distingan su procedencia del territorio bajo dominio marroquí.
Según la Comisión Europea, el nuevo sistema busca “garantizar la transparencia para los consumidores y la seguridad jurídica para las empresas”, a la vez que preserva la continuidad del comercio bilateral con Marruecos, uno de los principales socios agrícolas del bloque.
El acuerdo sustituye al protocolo anterior, anulado parcialmente en 2021 por el TJUE tras una demanda del Frente Polisario, que denunció la inclusión del Sáhara Occidental en un tratado sin el consentimiento explícito del pueblo saharaui.
En Rabat, el Ministerio de Asuntos Exteriores calificó la medida de “éxito diplomático” y sostuvo que “los beneficios alcanzarán directamente a las poblaciones locales, tanto saharauis como marroquíes”, en referencia a proyectos de desarrollo impulsados en las provincias del sur.
El Frente Polisario rechaza el acuerdo por considerarlo una “violación del derecho internacional”, y anunció que volverá a presentar un recurso ante la justicia europea, argumentando que el etiquetado diferenciado “no modifica la naturaleza ilegal de la explotación de recursos de un territorio no autónomo”.
Diversas organizaciones europeas de derechos humanos, entre ellas Western Sahara Resource Watch, han expresado preocupación por la falta de mecanismos independientes que certifiquen que los beneficios llegan efectivamente a las comunidades saharauis.
En paralelo, fuentes diplomáticas en Bruselas reconocen que el pacto se enmarca en la necesidad de “mantener una relación estable” con Rabat, especialmente en materia migratoria y de seguridad regional.
El nuevo marco comercial confirma la completa dependencia de Bruselas a Rabat, pese al conflicto no resuelto del Sáhara Occidental, pendiente de descolonización según Naciones Unidas.
Mientras tanto, el proceso político auspiciado por la ONU continúa estancado: el enviado especial, Staffan de Mistura, mantiene contactos discretos con las partes sin lograr avances significativos hacia un referéndum de autodeterminación.
