La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El gobierno de la República del Perú declaró el estado de emergencia en las provincias de Lima y Callao por un periodo de treinta días, a partir de las 00:00 horas del 22 de octubre de 2025. Esta medida fue anunciada por el presidente José Jerí para “enfrentar el incremento del crimen organizado en dichas zonas”.
La declaración oficial se realizó mediante la publicación de un decreto supremo en el diario oficial El Peruano.
En el documento, se autoriza a la Policía Nacional del Perú a mantener el control del orden interno con el apoyo directo de las Fuerzas Armadas en operativos conjuntos. La selección de zonas de intervención se basará en información de inteligencia policial, estadísticas oficiales y mapas sobre la incidencia delictiva.
Durante la vigencia del estado de emergencia, el decreto establece la restricción o suspensión de derechos fundamentales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio y la libertad de tránsito.
Entre las medidas específicas se encuentran la prohibición de transportar dos adultos en motocicletas lineales, la implementación de pruebas de polígrafo para el personal del Instituto Nacional Penitenciario, y la obligación de solicitar permisos especiales para actividades masivas y eventos públicos en las jurisdicciones afectadas.
Según el gobierno, esta decisión responde al aumento de delitos como homicidio, sicariato y extorsión registrados en Lima y Callao que afectan la seguridad y el desarrollo económico local. El Poder Ejecutivo fundamentó esta estrategia como escusa para restaurar la seguridad y el orden público en los distritos más comprometidos por la delincuencia.
El Ministerio del Interior y la Presidencia del Consejo de Ministros supervisarán la ejecución de las acciones durante el periodo de emergencia, asegurando la coordinación entre la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, así como el cumplimiento de las nuevas restricciones y procedimientos administrativos.
