La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El Gobierno de España ha anunciado este jueves una segunda fase de liberación de reservas estratégicas de petróleo, con la que movilizará 4,4 millones de barriles adicionales durante el mes de octubre. Con este paso, España alcanzará los 8,1 millones de barriles liberados, el 70% de los 11,5 millones comprometidos en marzo ante la Agencia Internacional de la Energía (AIE) tras la crisis del estrecho de Ormuz.
Hasta ahora, el país solo había puesto en el mercado 3,7 millones de barriles, un tercio del total pactado, un ritmo que había generado inquietud dentro y fuera de España. El retraso llegó a ser señalado directamente por Estados Unidos. A finales de septiembre, el secretario de Energía norteamericano, Chris Wright, criticó que «Estados Unidos y Japón están cumpliendo sus compromisos» mientras «varios países miembros europeos solo han liberado una fracción» de lo prometido, en un mensaje que la Administración Trump dirigió de forma explícita a los socios europeos de la AIE: «Instamos a todos los países miembros a que cumplan sus compromisos».
El Ministerio para la Transición Ecológica ha justificado el calendario alegando que «otros socios de la AIE liberaron una parte de sus reservas y optaron por liberar el resto de forma escalonada, en función de los avances de los mercados», y que ahora, «considerando la situación en los mercados internacionales», los países de la organización han decidido acelerar el proceso. Las reservas españolas representan el 2,9% de los 400 millones de barriles que los 32 países de la AIE acordaron liberar de forma conjunta.
La decisión llega en un contexto de precios elevados en los carburantes: la gasolina se mantiene en máximos anuales en España y el diésel ronda los 1,93 euros el litro, pese a que el Ejecutivo rebajó hace unas semanas el impuesto sobre hidrocarburos. Fuentes del sector habían apuntado que una liberalización de las reservas podría contribuir a abaratar los precios.
Un estudio sobre la gestión de las reservas estratégicas durante la crisis de 2026 había puesto el foco en el papel del Gobierno en este retraso, señalando que la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) «gestiona y controla el sistema, pero no decide cuándo se usa», ya que el artículo 17 del Real Decreto 1716/2004 reserva esa decisión en exclusiva al Ejecutivo. Según ese análisis, mantener sin liberar los 8,3 días de existencias autorizados equivalía a inmovilizar entre 750 y 1.100 millones de euros de capital en el sector, con un coste recurrente de almacenamiento y financiación estimado entre 79 y 215 millones de euros anuales, un gasto que en condiciones normales de mercado tiende a trasladarse, en todo o en parte, al precio final que paga el consumidor.
El Gobierno no ha precisado todavía cuándo se liberará el 30% restante del compromiso, que según el Ministerio «queda sujeto a un análisis continuo de la situación» en los mercados internacionales.
