La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
David Korenfeld Federman renunció el 9 de abril de 2015 a la dirección general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tras ser fotografiado usando un helicóptero oficial para llevar a su familia a Vail, Colorado. El escándalo estalló en plena discusión de una iniciativa que él mismo había impulsado: la Ley General de Aguas (LGA), bautizada popularmente como «ley Korenfeld», que organizaciones civiles y legisladores acusaban de abrir la puerta a la privatización del agua en el país.
Tres días después de su salida, la columna «Bajo la Lupa», publicada el 12 de abril de 2015 en La Jornada, fue más allá del escándalo del helicóptero y planteó un señalamiento de mayor calado: citando al medio israelí Globes, la columna denunció un presunto tráfico de influencias con comisiones de entre el 5 y el 8 por ciento entre Natan Eshel, exjefe de gabinete del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, y Conagua, para beneficiar a Mekorot, la empresa estatal israelí de agua. El contenido exacto del reporte de Globes no ha podido verificarse de forma independiente.
El antecedente que la columna señala como clave es el acuerdo firmado en noviembre de 2013 entre Mekorot y Conagua, calificado entonces como «histórico», durante la visita a México del presidente israelí Shimon Peres, con la firma de los directores Shimon Ben-Hamo y Korenfeld.
Más allá del trasfondo israelí, el rechazo a la ley vino sobre todo de dentro de México. El Senado llegó a admitir en un mensaje público que la LGA «beneficiará sólo a las trasnacionales». Organizaciones como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad alertaron de que el artículo 267 de la iniciativa facultaba a Conagua a imponer multas de hasta 50 mil días de salario mínimo a quien hiciera estudios o monitoreo de aguas sin permiso, lo que calificaron de «criminalización de la investigación académica». Otras organizaciones, como Freshwater Action Network México y el CEMDA, advirtieron que el proyecto buscaba repetir el llamado «modelo Edomex» de privatización del agua, y exigieron que la renuncia de Korenfeld no fuera suficiente: pidieron que el Congreso desechara por completo el dictamen.
En diciembre de 2015, ya con Korenfeld fuera, Conagua negó oficialmente que la ley buscara privatizar el agua, alegando que el artículo 27 constitucional lo impide. Pero el diputado de Morena Rodrigo Abdalá denunció ese mismo año que el nuevo titular de Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, había dicho a los diputados que «había que rescatar» el proyecto.
La advertencia se confirmó años después. En 2020, el diputado priista José Ignacio Pichardo Lechuga presentó un nuevo borrador de Ley General de Aguas que organizaciones civiles calificaron como prácticamente idéntico a la «ley Korenfeld» de 2015, según reportó SinEmbargo.
La columna de La Jornada plantea, a modo de pregunta retórica y sin confirmación de que se haya producido, si debería investigarse el patrimonio de Korenfeld en Israel y la actuación del entonces jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Alberto Bazbaz Sacal. Una década después del escándalo del helicóptero, el debate de fondo —quién controla el agua en México y bajo qué condiciones— sigue sin resolverse.
