La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
Adrián Ravier, vocero presidencial de Argentina, defendió en una conferencia en Casa Rosada la derogación de la Ley de Tierras Rurales, la norma que durante años limitó la compra de tierra por parte de extranjeros. Lo hizo con una frase que ya circula con fuerza: «Venderle la Patagonia a los extranjeros no significa que va a dejar de ser argentina».
Ravier fue más allá: «De ninguna manera que un extranjero compre tierras le hace perder a Argentina soberanía». Su argumento es que la propiedad privada de un terreno no equivale a ceder territorio a otro Estado, y que esas tierras seguirían bajo las leyes, los impuestos y la jurisdicción argentina. También aseguró que la derogación no habilita la venta de parques nacionales ni reservas históricas, ni toca el régimen de zonas de seguridad de fronteras.
La norma eliminada —incluida en el DNU 70/23 del presidente Javier Milei— fijaba un límite del 15% del territorio de cada distrito para la titularidad extranjera, un tope del 30% para una misma nacionalidad y un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en las zonas de mayor actividad agropecuaria. Según el Observatorio de Tierras, alrededor del 5% del territorio argentino —más de 13 millones de hectáreas— ya está en manos extranjeras; el Registro Nacional de Tierras Rurales eleva la cifra a 14,7 millones de hectáreas.
El debate se cruza con otro frente sensible: la Ley de Manejo del Fuego, que prohíbe durante 60 años vender o cambiar el uso de tierras de bosques nativos y áreas protegidas afectadas por incendios, y durante 30 años en zonas agrícolas. El proyecto de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada» impulsado por el Gobierno buscaba flexibilizar también esa ley. Tras el debate en el Senado se mantuvo la flexibilización para pastizales y zonas agrícolas, aunque se rechazaron los cambios que afectaban directamente a los bosques nativos.
El contexto no es menor: durante el verano austral de 2026, incendios en los bosques andino-patagónicos arrasaron 60.845 hectáreas de bosque nativo, el peor registro en sesenta años. La fiscalía de Chubut investiga si fueron intencionados. El Gobierno de Milei, además, desfinanció en al menos un 70% el presupuesto para la Ley de Manejo del Fuego desde el inicio de su gestión.
Entre los interesados en la caída del límite a la compra extranjera figuran el Grupo Benetton y fondos soberanos de países árabes. El jefe de Gabinete Manuel Adorni defendió estas reformas en marzo de 2026 alegando que inversiones en petróleo, minería o agro requieren grandes terrenos y que «no podemos permitir que estas no se realicen por un mero capricho ideológico».
En paralelo circula, desde los años 60-70, una teoría conocida como «Plan Andinia», que habla de una compra masiva y coordinada de tierras patagónicas por parte de Israel para fundar un segundo Estado judío. El verificador argentino Chequeado y el medio israelí Haaretz han desmentido esa versión, calificada como una conspiración de corte antisemita. Lo que sí está documentado es que el magnate británico Joe Lewis, propietario de Lago Escondido, invita regularmente a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel a sus tierras, y que varias provincias argentinas firmaron contratos con la empresa estatal israelí Mekorot para gestión hídrica. Son hechos puntuales, distintos de la narrativa de una compra masiva coordinada, que no cuenta con evidencia que la sostenga.
