La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La Reforma Laboral argentina, vigente desde marzo de 2026 bajo la promesa oficial de “dinamizar la contratación registrada”, acumula un saldo negativo según su propio balance: 36.000 empleos formales destruidos y 6.905 empresas cerradas desde su entrada en vigor. Así lo documenta la primera edición del Monitor de la Reforma Laboral, elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG).
El deterioro no es nuevo. El informe señala 13 meses consecutivos de caída en el empleo privado formal, con una pérdida acumulada de 241.200 puestos de trabajo desde noviembre de 2023, cuando asumió la gestión de Javier Milei. La destrucción de empleo alcanzó incluso a sectores considerados dinámicos, como la minería, el petróleo y la intermediación financiera, y la tasa de entrada de trabajadores al mercado formal cayó a un piso del 1,6% del total de ocupados.
Como contrapartida, la informalidad laboral escaló al 45% de los ocupados, el nivel más alto de la serie histórica de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). El sector no registrado sumó 348.000 trabajadores en el último año, sobre todo mediante el cuentapropismo, hasta superar los 6 millones de personas en la informalidad. La tasa de desocupación se ubicó en 7,9% y la subocupación en 11,5%.
En el plano empresarial, el IAG contabiliza 31.342 empresas cerradas en todo el país desde el inicio de la gestión de Milei, 709 solo en el último mes relevado. El golpe fue mayor entre las pequeñas firmas: las compañías de 1 a 10 empleados cayeron un 6,8%, y el 47% de los cierres totales correspondió a unidades de hasta 100 trabajadores. Por rubro, las mayores pérdidas se dieron en Comercio (8.758 empresas menos), Transporte y almacenamiento (6.915) e Industria (4.158). El cierre de establecimientos alcanzó a 23 de las 24 jurisdicciones del país; solo Neuquén registró un saldo positivo, con 72 empresas más.
El IAG también cuestiona la eficacia de las principales herramientas de la reforma: “El aumento de los meses de prueba y el banco de horas no parecen haber sido suficiente ‘incentivo’ para que el sector privado contrate bajo este nuevo esquema legal”, sostiene el instituto.
A la destrucción de empleo y empresas se suma la pérdida de poder adquisitivo. El salario privado registrado acumula una caída real del 3,7% respecto al promedio de enero-noviembre de 2023, que el IAG eleva al 8% si se aplica el IPC actualizado no reconocido por el Gobierno. El deterioro es mucho más profundo en el sector público nacional, donde los salarios cayeron un 37,8% real en el mismo período.
El contraste entre el objetivo declarado de la reforma —impulsar la contratación registrada— y los datos que arroja su propio monitoreo alimenta el debate sobre el rumbo de la política laboral del Gobierno argentino, en un país donde el empleo formal lleva más de un año sin repuntar.
