La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
Estados Unidos se prepara para anunciar un paquete de sanciones masivas contra la Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal con sede en La Haya encargado de perseguir crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. La información fue publicada por el diario británico The Times y recogida por la agencia rusa TASS.
Según el citado reportaje, las nuevas restricciones apuntarían no solo contra la propia Corte, sino también contra «entidades que cooperan con ella». Esto significa, de confirmarse, que ninguna empresa o proveedor podría hacer negocios con la CPI sin arriesgarse a ser sancionado también. Es decir, Washington buscaría asfixiar financiera y logísticamente a la institución a través de terceros: bancos, proveedores de servicios, contratistas o cualquier entidad que preste apoyo material al tribunal.
The Times recoge además el temor de algunos defensores de la Corte de que esta estrategia pueda conducir a su disolución. El diario cita a un diplomático europeo no identificado que calificó la medida como «una mala noticia para cualquiera que apoye el enjuiciamiento de criminales de guerra».
No se trata de la primera vez que la actual Administración estadounidense actúa contra la CPI. El presidente Donald Trump firmó el 6 de febrero de 2025 una orden ejecutiva que ya imponía restricciones a funcionarios del tribunal. El Gobierno estadounidense ha acusado reiteradamente a la Corte de actuar de forma «indebida» contra Washington y sus aliados, en referencia explícita a Israel.
La Corte Penal Internacional es un tribunal permanente creado por el Estatuto de Roma de 1998, competente para juzgar a individuos —no a Estados— por los crímenes internacionales más graves cuando las jurisdicciones nacionales no quieren o no pueden hacerlo. Ni Estados Unidos ni Israel son Estados parte del Estatuto de Roma, lo que no ha impedido que la Corte haya investigado a ciudadanos de ambos países, incluidas órdenes de arresto contra responsables israelíes por la guerra en Gaza.
El enfrentamiento entre Washington y La Haya se enmarca en una tensión de fondo: la pretensión estadounidense de que determinados aliados queden fuera del alcance de la justicia penal internacional, frente a la vocación universal que la propia CPI reivindica como principio fundacional. Que una potencia como Estados Unidos busque impedir, mediante sanciones económicas a terceros, que un tribunal internacional pueda operar con normalidad plantea una pregunta de fondo sobre el futuro del sistema de justicia internacional tal y como se conoce desde la posguerra fría.
Por el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han confirmado oficialmente los detalles del paquete de sanciones, y la información procede de fuentes citadas por The Times sin identificar. Habrá que esperar al anuncio formal para conocer el alcance real de las medidas y su impacto sobre la actividad del tribunal.
