La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
Un informe del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha convertido una recurrente mentira marroquí en una provocación diplomática contra España. El documento menciona a Ceuta y Melilla como ciudades “administradas por España”, las sitúa en “territorio marroquí” y respalda que el secretario de Estado, Marco Rubio, promueva un diálogo entre Madrid y Rabat sobre su futuro.
Ceuta y Melilla no son territorios administrados por España: son España. Nunca han formado parte de Marruecos. Forman parte del orden constitucional español, cuentan con estatutos de autonomía propios y no están sometidas a ningún proceso de descolonización. Por eso, el lenguaje utilizado por el comité estadounidense no puede tratarse como un simple matiz diplomático. Supone asumir, aunque sea de manera indirecta, el marco narrativo de Marruecos.
La información fue adelantada por El Confidencial, que subraya que es la primera vez que un órgano de la Cámara baja estadounidense cuestiona de forma explícita la españolidad de las dos ciudades autónomas. La referencia aparece en el informe presupuestario del área de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados para el año fiscal 2027.
El documento dedica un apartado a Marruecos, destaca la alianza histórica entre Washington y Rabat, recuerda el Tratado de Paz y Amistad marroquí-estadounidense de 1786 y prevé fondos para programas de seguridad nacional y financiación militar exterior. Acto seguido, introduce a Ceuta y Melilla dentro de ese mismo marco marroquí y apoya que el Departamento de Estado fomente conversaciones entre España y Marruecos sobre el supuesto “estatus futuro” de ambas ciudades.
Ahí está la carga política del texto. No se limita a reforzar la cooperación con Rabat. Desplaza dos ciudades españolas al terreno de la negociación bilateral, como si su soberanía fuera una cuestión pendiente entre Marruecos y España. Ese movimiento no modifica la legalidad internacional ni altera la soberanía española, pero sí abre una brecha diplomática: normaliza en Washington un lenguaje que Rabat lleva años intentando imponer.
Conviene precisar el alcance institucional. No hace falta autorización de Donald Trump para que un comité del Congreso introduzca esa referencia en un informe presupuestario. La Cámara de Representantes puede aprobar recomendaciones, orientaciones políticas o lenguaje de presión dirigido al Departamento de Estado sin permiso previo de la Casa Blanca. De hecho, el comité aprobó el paquete presupuestario por 35 votos contra 27.
Otra cosa sería convertir esa provocación parlamentaria en política exterior oficial de Estados Unidos. Para que Marco Rubio actuara formalmente como mediador, o para que Washington modificara su posición diplomática sobre Ceuta y Melilla, haría falta voluntad del Departamento de Estado bajo la autoridad del presidente. Es decir: el Congreso puede empujar, sugerir y condicionar el clima político; la política exterior ejecutiva la dirige la Casa Blanca.
El episodio, sin embargo, no pierde importancia por ese matiz. Al contrario. La gravedad está precisamente en que una tesis hostil a la soberanía española entra en un documento congresual estadounidense sin necesidad de que la Casa Blanca la haya convertido todavía en posición oficial. Rabat obtiene así una ventaja narrativa: puede presentar su reclamación como una cuestión ya presente en el debate institucional de Washington.
El nombre clave es Mario Díaz-Balart, congresista republicano por Florida, vicepresidente del Comité de Asignaciones y presidente del subcomité que supervisa materias de seguridad nacional y Departamento de Estado. Según El Confidencial, las menciones a Ceuta y Melilla fueron introducidas a instancias del legislador, que ya había declarado a El Español que ambas ciudades no estaban en España, sino en Marruecos, y que esas cuestiones se discuten “entre amigos y aliados”.
La frase revela el fondo del problema. Presentar la soberanía de Ceuta y Melilla como una conversación entre “amigos y aliados” desplaza el asunto desde la soberanía española hacia una lógica de transacción estratégica estadounidense. Para España, esa soberanía no es materia negociable. Las dos ciudades forman parte de la nación española desde siempre y están recogidas en la arquitectura constitucional y poseen estatutos aprobados por las Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995.
El movimiento llega en un contexto de reajuste regional. Marruecos ha reforzado durante los últimos años su relación con Estados Unidos e Israel, especialmente tras el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en 2020. Al mismo tiempo, España se ha sometido a los intereses de Rabat tras el giro de Pedro Sánchez contra el Sáhara, aunque las aduanas comerciales, la presión migratoria, la cooperación fronteriza y las reclamaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla siguen operando como focos de tensión permanente.
La lectura geopolítica es clara: Marruecos avanza cuando consigue que terceros actores adopten su marco territorial, aunque sea en documentos no vinculantes. Washington no ha abierto oficialmente una negociación sobre Ceuta y Melilla, pero un comité del Congreso ya ha tratado ambas ciudades como asunto discutible. Para Rabat, eso basta para alimentar presión diplomática. Para España, debería bastar para activar una respuesta política.
El error sería minimizar el texto porque no tiene efectos jurídicos inmediatos. La soberanía no se erosiona solo con tratados. También se erosiona con palabras, informes, mapas, fórmulas ambiguas y silencios diplomáticos. Cuando una ciudad española empieza a ser descrita como “administrada por España” en un documento extranjero, el problema no es semántico: es político.
España queda así ante una disyuntiva. Si rebaja el episodio, evita una crisis con Washington y Rabat, pero contribuye a normalizar una agresión discursiva contra su integridad territorial. Si responde con firmeza, eleva el coste político de la maniobra y recuerda que Ceuta y Melilla no son piezas de negociación, sino territorio nacional español.
La provocación ya está escrita. La cuestión ahora es si Madrid la tratará como una anécdota parlamentaria estadounidense o como lo que realmente es: un intento de internacionalizar la reclamación marroquí sobre dos ciudades españolas.
